Por Jorge Riaboi Diplomático y periodista
La Ley de Murphy lo dice sin vueltas: ”si usted logra conservar la calma mientras todos alrededor gritan y pierden la cabeza, ello sólo indica que aún no entendió el problema”. La Argentina del Siglo XXI nunca educó sus reflejos para determinar en forma cierta lo que pasa y hacia donde va el mercado global de commodities que sirven para generar alimento animales. Tras subirse por temperamento cultural, impericia, o ambas cosas a la vez, al vagón de quienes se equivocaron fiero al leer las tendencias de la oferta, demanda y las realidades de la política china y de las normas y mañas estadounidenses, la dirigencia nacional no atina a reconocer que la Unión Europea (UE) prepara un susto mayor desde 2017.
Sus miembros siguen apoltronados en la senda del despiste y en la costumbre nacional de gestionar favores políticos en lugar de negociar apelando a los fundamentos y procesos establecidos. Los enfoques y secuencias que eligió el país para reaccionar ante las medidas que aplicó Estados Unidos a la importación de biodiésel son el más reciente de los muchos testimonios de esa costosa e ineficaz cultura. De nada sirve registrar el hecho si Gobierno y sociedad civil temen preguntarse qué anduvo fallando y cuales son los riesgos lógicos de esta política.
Lo primero que resulta necesario aceptar es que el mercado de las harinas proteicas como la soja no tambalea exclusivamente porque China y Estados Unidos juegan al mismo estúpido póquer mercantilista que destruyera la economía y la paz mundial entre 1929 y 1945, cuando la batalla agrícola era un mero daño colateral. Washington tiene razón cuando dice que China distorsiona su propio mercado y desestabiliza el mercado internacional, y Beijing la tiene cuando propone llevar este crucial debate a la OMC. Quienes bajo estas circunstancias invocan el inexistente derecho legal al unilateralismo, nos llevan a un sonoro desastre. Quienes niegan que las normas unilaterales trasgreden el Artículo XVI del Acuerdo de Marrakech, nos llevan a sonreír con gran inquietud. Ninguno puede tirar la primera piedra, porque ambos son pecadores seriales y quieren exportar o usar recetas que son al mismo tiempo destructivas y autodestructivas.
Beijing tampoco llegará muy lejos cuando anuncia que se dedicará a incrementar su producción de soja y maíz, si antes no explica cual es la viabilidad técnica (la cantidad de tierra, agua y gente disponibles con ese objetivo), legal (cómo espera aumentar su ya cuestionado margen para emplear subsidios) y económica (las finanzas de su economía socialista de mercado no tienen nada que envidiar al laberíntico exorcismo fiscal argentino).
El 5 de abril y en días posteriores se conocieron nuevos ajustes del proyecto de Moción del Comité de Agricultura del Euro-Parlamento llamado ¨Una Estrategia Europea para la Promoción de Cosechas Proteicas¨ (doc. del 27/3/2018, cota A80121/2018) que encierra una gigantesca patraña voluntarista e ilegal destinada a promover el autoabastecimiento de commodities como la soja (que es el centro del debate, no el único producto) y el explícito deseo de bajar o cerrar las importaciones del Viejo Continente con un amplio y delirante menú de excusas. Esto expresa, además, el deseo de ignorar, a lo Donald Trump y sus apóstoles, las reglas y el papel de la OMC. Las últimas declaraciones del titular de la oficina del representante comercial, el embajador Robert Lighthizer, sobre las acciones de Washington, eximen de la necesidad de abundar en pruebas.
De este galimatías surgen tres argumentos básicos: a) la Unión Europea (UE) sostiene ahora que se equivocó al suscribir, a principios de los '90 el acuerdo bilateral conocido como Blair House con los Estados Unidos (Blair House Agreement) y dejar que el suministro extranjero de soja y otras harinas proteicas accedan libremente a su mercado (la referencia es a los productos que recibe de Estados Unidos, Brasil y la Argentina); ese acuerdo, que permitió finalizar con muletas la Ronda Uruguay del GATT, luego incorporado con lenguaje contractual al Acuerdo sobre Agricultura, crea, según el Viejo Continente, una innecesaria y peligrosa dependencia en materia de seguridad alimentaria; b) el proyecto in
voca decenas de fundamentos que no se sostienen para abonar la tesis de que la UE debe alcanzar la “seguridad alimentaria” financiando (subsidiando) su producción doméstica, lo que supone renovar el intento de equiparar seguridad a autosuficiencia, relegando a la insignificancia el papel del comercio mundial de tales commodities, tesis que difícilmente se pueda probar y que la propia UE había descartado en el marco de una Cumbre Presidencial sobre Alimentación de la FAO; c) es el intento más integral y agresivo de poner fin a las importaciones de productos surgidos de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) ya que, se alega, así lo prefieren sus consumidores, lo demandan las organizaciones ambientalistas y lo exigen las decisiones regionales sobre cambio climático. A grandes rasgos el texto afirma que la oferta de sustancias proteicas de Brasil, Argentina y Estados Unidos “no están sujetas a los mismas exigencias que se aplican a las cosechas europeas”.
Al respecto baste decir que las reglas internacionales hablan de equivalencia para alcanzar el nivel apropiado de protección con fundamentos lógicos, no de igualdad de exigencias. El enfoque es también el mayor intento de desconocer las sabias reglas del Acuerdo Sanitario y Fitosanitario de la OMC, ligado en forma indisoluble a los lineamientos las tres organizaciones técnicocientíficas de la FAO. Tanta y exuberante mitomanía implica reformular de un modo ultrarreaccionario el gasto agrícola previsto en la futura política agrícola común o PAC de la UE.
Los que suponen que Europa no va a llegar muy lejos cuando impulsa tales movimientos sísmicos, sencillamente ignoran de qué diablos están hablando y deberían ver lo que hizo con la prohibición de producir OGM.
Esto parece suceder al margen del proyecto de Acuerdo birregional entre la Unión Europea y el Mercosur, como si no hubiese nexo simple y directo entre las reglas y compromisos que se incluyan en este último texto y las reglas unilaterales que se propone adoptar la UE. Bruselas y el Euro-Parlamento aún deben explicar con fundamentos tangibles qué tiene de malo convivir con los principios y las evidencias científicas, no con su alocada y distorsionada interpretación regional. Menos se entiende por qué el Mercosur, y en particular Brasil y Argentina, no piden una aclaración oficial acerca de si el acuerdo birregional y las normas comunitarias van a ser consistentes entre sí, o si la noción de preservar la soberanía legislativa que suele rescatar para sí Bruselas, presupone la soberanía de desconocer o ningunear el contenido de los nuevos tratados internacionales que lleven su firma. Esa respuesta ayudará a conocer a donde irá a parar nuestro “yuyito”.
