Por Martín Trombetta Becario CONICET, UNGS y profesor UADE
El último informe publicado días atrás por el Ministerio de Trabajo arroja algunas señales auspiciosas sobre la evolución del mercado de trabajo formal. El dato principal es la creación de 260.000 puestos de trabajo registrados a lo largo de 2017, que permitió alcanzar la cifra récord de 12,3 millones de empleos formales. En enero y febrero de este año, el guarismo se vio afectado por modestas reducciones estacionales pero mantuvo una tasa de crecimiento interanual en torno a 2% por octavo mes consecutivo. Estos resultados contrastan fuertemente con la pobre performance del empleo formal en 2016, cuando creció sistemáticamente por debajo del incremento poblacional. De este modo, la actual gestión comienza a mostrar algunos resultados positivos en un área hasta ahora débil.
La remuneración mediana de los asalariados formales del sector privado alcanzó los $ 22.000 brutos, lo que implica un aumento interanual de 3,5% en términos reales. La recuperación observada del salario real es consistente con el contexto de crecimiento del año anterior y factiblemente explique en buena medida los resultados electorales favorables al oficialismo. Sin embargo, corresponde ser cautos a la hora de vincular este movimiento a los cambios en otros indicadores sociales, como por ejemplo la tasa de pobreza, más influidos por la evolución del salario no registrado, lógicamente ausente de los registros administrativos.
Es el momento para abordar un debate demorado: el diseño de políticas para mejorar la calidad del empleo
A pesar de estos saludables avances, conviene advertir sobre la composición del nuevo empleo generado. Tan solo 28% del empleo creado en 2017 corresponde al sector privado formal. En cambio, 44% está compuesto por monotributistas, incluyendo a los monotributistas sociales, que no participan del mercado de trabajo tradicional sino de actividades pertenecientes a la llamada “economía social”. Estos datos pueden responder a distintos fenómenos.
Es posible que asistamos a un aumento del cuentapropismo o bien a la proliferación de puestos de trabajo no registrados encubiertos bajo la prestación de servicios. Tampoco es posible descartar que en realidad se trate de desocupados, inactivos o asalariados informales que se registran en el régimen de monotributo con el fin de acceder a la cobertura de las asignaciones familiares, extendida al universo de monotributistas a mediados de 2016. También es conveniente mencionar que el 14% del empleo creado es público: contrariamente a lo que habitualmente se recibe en el debate político (tanto desde veredas oficialistas como opositoras), el personal estatal no se ha reducido sino que, por el contrario, mantiene una leve tendencia al alza (con un aumento acumulado de 0,3% desde diciembre de 2015). Por último, vale la pena recordar que los últimos datos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares dan cuenta de un aumento considerable en el empleo asalariado informal.
La proliferación de empleo precario suele ser asociada a la notable expansión de ciertos rubros de la actividad, en particular la construcción, en la que ese tipo de contratación es especialmente frecuente. Sin embargo, dado que el crecimiento observado en 2017 fue de base amplia y que la cantidad de puestos de trabajo creció en magnitudes relevantes en prácticamente todos los sectores, todo indica que se trata de un problema general del mercado de trabajo antes que de un conjunto de sectores productivos particulares. Argentina se encamina a concretar dos años consecutivos de crecimiento por primera vez en casi una década. Y se trata de un momento clave para abordar un debate largamente demorado: el diseño de políticas específicas que permitan mejorar la calidad del empleo en nuestro país.
