Por Martín Alfie Economista Jefe de Radar Consultora
Las idas y vueltas de la política económica de los últimos meses y las tensiones entre el BCRA y Jefatura de Gabinete son síntomas de los desafíos y dilemas que enfrenta el gobierno para cumplir en simultáneo sus “compromisos externos e internos”.
Los “compromisos externos” son las señales de consistencia macroeconómica que debe otorgar el Gobierno hacia los “mercados” con el objetivo de continuar accediendo al financiamiento internacional sin grandes sobresaltos, en un contexto de volatilidad financiera y menor liquidez global.
A las conocidas y autoimpuestas metas fiscales se les sumó recientemente la meta externa, que implica mantener en niveles sostenibles el déficit de cuenta corriente. Esto quedó en evidencia luego del 28-D, ya que la velocidad que tomó el empeoramiento del resultado externo (llegó a 4,8% del PIB) generó preocupación al superar ampliamente las proyecciones oficiales originales.
En tanto, los “compromisos internos” son los avances económicos necesarios para construir capital político de cara a las elecciones de 2019: crecimiento, creación de empleo, reducción de la pobreza y desinflación.
El problema de la política económica es que ciertas medidas que se toman teniendo en cuenta los compromisos externos chocan con los resultados que se necesitan para avanzar con los compromisos internos.
Por ejemplo, el cumplimiento de las metas fiscales complica el crecimiento y la desinflación. Por un lado, la reforma de la fórmula de actualización de las jubilaciones de fines de año pasado y la desaceleración de los gastos en obra pública tienen un impacto negativo en el crecimiento. Y, por el otro, la reducción de subsidios acelera la inflación, erosiona el apoyo de la clase media y reduce la actividad por la caída del poder adquisitivo.
En el mismo sentido, la solución del Gobierno para mejorar el resultado externo fue bajar la tasa de interés y propiciar la suba del tipo de cambio, revirtiendo la tendencia a la apreciación de finales de 2017. Esta medida fue otro factor que explica la reciente aceleración de la inflación.
En cuanto a los compromisos internos, si bien es cierto que el margen es mayor porque este es un año electoral, no pueden desatenderse las expectativas económicas de la población.
En particular, el Gobierno busca evitar que la economía se enfríe excesivamente, apuntando a mantener un nivel de crecimiento al menos moderado, es decir, en torno al 2%. Esto permitiría sostener en niveles relativamente bajos el desempleo (aunque a base de empleos precarios) y evitar un rebote de la pobreza, complicada por la nueva aceleración inflacionaria. Si bien seguiría “sin sentirse en la calle”, al menos no empeorarían sensiblemente las condiciones sociales y puede mostrarse como un logro cerrar un año no electoral con crecimiento.
Otro objetivo es exhibir algún tipo de avance en materia de precios, es decir, continuar con el “proceso de desinflación”. La aceleración inflacionaria del primer trimestre, sobre todo del componente núcleo, descartó de lleno la meta del 15% y situó el nuevo objetivo implícito del Gobierno en torno al 20%.
Sin embargo, el panorama parece apuntar a que el verdadero desafío será lograr que la inflación de 2018 sea menor que la del año pasado (24,8%). Para ello, deberá promediar menos que 1,7% por mes en lo que resta del año, estimando un nivel relativamente alto para abril (2,5%).
En síntesis, el Gobierno continúa transitando por un camino complicado, que a esta altura responde más a errores propios (por ejemplo, la elección de metas tan estrictas y las idas y vueltas con la tasa de interés) que a la situación recibida. Los compromisos, cada vez más dicotómicos al menos en corto plazo, limitan su margen de acción.
