Por Eliana Scialabba Economista
La metáfora del título surge de un artículo de Mendoza y Oviedo (2006) [1], cuyo contenido se encuentra cada día más vigente en una economía cuyo sector público opera como lo hace en Argentina.
¿Qué implica que el sector público actúe como “asegurador atormentado”? Que a pesar de las fluctuaciones (y la escasez relativa) de ingresos públicos, el Estado no recorte el gasto público colectivo e individual ? al sector privado?, debiendo recurrir cada vez a mayor endeudamiento mantener la dinámica de dicho flujo de fondos.
Parte importante de este problema reside en que mientras el gasto público es una variable (bastante) inflexible a la baja, el gasto privado y los ingresos fiscales no son asegurables, debido al componente cíclico que depende del nivel de actividad. Asimismo, en el caso de las fuentes financieras del sector público, éstas también obedecen a cuestiones más complejas como la eficiencia de los mecanismos de recolección impositiva y las características del sistema tributario, las cuales en Argentina aun cuentan con muchas deficiencias.
Es por esto que, de acuerdo a la evidencia, en los países con mercados financieros incompletos, como el argentino, la variabilidad cíclica del gasto público excede la de los privados gastos por un amplio margen, debido a que todo el “seguro” se carga sobre el sector público.
El SPN en Argentina
Si bien mucho se esperaba decorrecciones fiscales con la asunción del Gobierno en 2015, completados los dos primeros años de mandato queda claro que (casi) nada ha cambiado: la gestión macrista ha elegido el camino del “gradualismo”, lo que queda claro al analizar los datos del Sector Público Nacional (SPN) [2].
En lugar de llevar a cabo las reformas necesarias para lograr un saneamiento fiscal que permita la reducción de asistencia del BCRA al Tesoro con la consecuente reducción en la presión sobre el nivel general de precios y un mejor desenvolvimiento del sector privado, el Gobierno ha optado por mantener su rol de “asegurador atormentado”: durante 2017, el gasto público continuó ubicándose por encima de los ingresos ($2.627.132 M contra $1.998.083 M) mientras que, como porcentaje del PIB, las erogaciones del SPN alcanzaron el 25,6%, mientras que los ingresos se ubicaron en el 19,4%.
De esta forma, el resultado primario de 2017 (antes del pago de intereses de deuda pública) representó el 3,9% del PIB (frente al 4,3% de 2016) o $ 404.142 M, por encima de los $ 343.525 M del año anterior.
No obstante, cuando se consideran las erogaciones en concepto de intereses, el “rojo” fiscal se profundiza: el año pasado alcanzó el 6,1% del PIB, o $ 629.049 M, mientras que los intereses de la deuda pública alcanzaron su mayor valor, tanto en términos absolutos como relativos, al totalizar $ 224.907 M o 2,2% del PIB.
En el actual contexto, si bien parecería que el Gobierno aún goza de confianza en los mercados internacionales, la sequía, que compromete tanto el crecimiento estimado del PIB como de la recaudación impositiva y el incremento de las tasas de interés internacionales, comienzan a generar señales de alerta sobre la sostenibilidad de la deuda.
Esto nos lleva a tener que pensar que, a pesar que el Gobierno quiera seguir jugando su rol de “asegurador atormentado”, debe comenzar a mirar el límite natural de deuda, la denominada “solvencia fiscal”, la cual implica un compromiso creíble de “poder” pagar (es decir, tener suficientes recursos para pagar) la deuda en todo momento.
Está claro que este año y el que viene la dinámica económica estará dominada por el ciclo político, dado que Cambiemos querrá mantenerse en el poder. No obstante, el Gobierno deberá ser cauto con no seguir tirando de la soga, debido a que se encuentra en una situación fiscal compleja, la que, en caso de no ser contenida, provocará mayores desequilibrios macroeconómicos a los existentes.
[1] Mendoza, Oviedo, (2006), “Fiscal Policy and Macroeconomic Uncertainty in Developing Countries: The Tale of the Tormented Insurer”, Working Paper 12586, NBER, October.
[2] Resultados similares se observan al analizar el sector público en su totalidad.
