Por Jorge Riaboi Diplomático y periodista
Un nuevo hecho confirma la percepción de que más de veinte años de diálogo platónico entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur sólo pueden explicarse por los temores competitivos de ambas economías y por la secular obsesión del Viejo Continente de no someter a la competencia extranjera una cuota mayor de su mercado agrícola. Lo cierto es que el pasado 12 de marzo, el Comité sobre Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo le envió algunas sugerencias al Comité de Agricultura del mismo foro para endurecer la resolución que se elabora con el fin de aclarar, a la Comisión de la UE, por donde pasan las ideas y líneas rojas del poder legislativo respecto de los acuerdos internacionales que incluyan compromisos sobre agricultura. Tal iniciativa no resulta ajena al proyecto de Acuerdo con el Mercosur, y se titula “El Futuro de la Alimentación y la Producción Agrícola” (The Future of Food and Farming) y resume con gran oficio 7 de los mandamientos aplicables al actual proteccionismo regulatorio de la UE. Una verdadera pieza de colección.
El texto también describe el pensar y las expectativas de buena parte del Parlamento, con lo que se recorta en forma sus
tancial el margen negociador de la comisión de la UE, ya que, el ignorar esas referencias, podría significar el bloque de la posterior ratificación legislativa. La nueva propuesta ningunea a cara descubierta reglas centrales de la OMC.
Esto último admite dos especulaciones tóxicas. Si los gobiernos del Mercosur no entienden la importancia de parar en la fuente el tenor de esas sugerencias, vamos a tener un gran problema. Y si entienden pero se avienen a restarle importancia bajo la consigna de que ahora sólo “importa firmar”, sobrevendrá un gigantesco problema, ya que habremos de saber con certeza cuales son nuestras obligaciones y estaremos a oscuras acerca de cuáles son y cuánto valen nuestros derechos. ¿Nos interesa convivir con este disparate?
La sugerencia número 7 y final del Comité proponente es bastante clara (traducción propia): “Solicita que la Comisión (de la UE) asegure que cada producto agrícola importado satisfaga las mismas condiciones sanitarias y estandares sociales que los aplicables a los productos de la UE; que la Comisión conduzca una sistemática evaluación de impacto de las reglas vinculadas con el sector agrícola de cada acuerdo comercial y ofrezca estrategias específicas para asegurar que ninguna rama del sector agrícola vaya a experimentar padecimientos como resultado del acuerdo concluido con un tercer país.” Por casualidad, algo de esto había anticipado el presidente francés Emmanuel Macron, minutos antes de recibir a Mauricio Macri.
En columnas anteriores se destacó que el primero de los aludidos requerimientos supone, tal como está formulado, la violación del principio de equivalencia consagrado por las reglas del Acuerdo Sanitario y Fitosanitario (SPS en inglés) de la OMC. El nuevo texto agrega injuria al adulterio, ya que no existen normas multilaterales sobre “estándares sociales”. Además, es un criterio que fue rechazado al negociarse la Ronda Uruguay del GATT (1986/1994), sólo que en esa oportunidad Bruselas no lo llamaba “standards sociales”, sino “preferencias del consumidor” y perseguían el objetivo de licuar el pilar central del Acuerdo SPS, el que se refiere a medir los riesgos empleando principios y evidencias científicas, sin dejar de ponderar los factores y el contexto que se enumeran en su Artículo 5.
Las disputas de Washington con Bruselas, Moscú y Beijing acerca de los métodos estadounidenses para asegurar la efectividad sanitaria y la inocuidad con la que se procesan las carnes de pollo de exportación son un ejemplo típico y polémico de equivalencia. Eso es rutina. En cambio el viejo pleito sobre carnes con hormonas o el que se avecina respecto a la prohibición de importar eventos con organismos genéticamente modificados, como los productos proteicos que exportan Estados Unidos, Brasil y Argentina al Viejo Continente, son materia de un latente. voluminoso y explosivo conflicto. La sugerencia número 6 pide que la futura PAC incluya un ambicioso plan de energía verde, basado en biocombustibles surgidos de la coproducción de plantas (locales) proteicas, en directa alusión al punto anterior. O sea una variante de sustitución de importaciones a lo Putin, Xi Jinping y Donald Trump.
El segundo de los requisitos ya se cumple con algunas imperfecciones, inclusive con estudios no sistemáticos del propio Parlamento Europeo; y, el tercero, constituye una negación de la competencia económica, que es la base de la economía de mercado, esa que todos le exigimos a China, Rusia y a otras naciones con capitalismo creativo o a medida de sus líderes y sistemas políticos. Así las cosas, tiene lógica el grotesco chicaneo que Bruselas trae estos días con la insignificante cuota de carnes que pretende el MERCOSUR, un debate que carece de seriedad.
Adicionalmente, las sugerencias tienden a desnaturalizar el papel del comercio internacional en la consecución de la seguridad alimentaria, principio consagrado por una Cumbre Presidencial sobre Alimentación de FAO, donde hubo participación estelar de la propia Unión Europea y la Argentina.
A título ilustrativo, vale la pena citar los considerandos B y D del corto documento en cuestión (poco más de una carilla). El primero señala que los objetivos de la Política Agrícola Común (PAC en castellano, CAP en inglés), deberían orientarse a garantizar la seguridad (inocuidad) de los alimentos y la soberanía (se refiere a la soberanía regulatoria, con la obvia intención de complacer a las ONG paragubernamentales y desconocer sus obligaciones OMC y las aprobadas en las tres organizaciones técnico-sanitarias de la FAO) y la sostenibilidad de los sistemas de la agricultura europea y sus territorios. El D dice, a boca de jarro, que enverdecer las políticas agrícolas es complejo e ineficiente, tras haber impuesto por varios lustros en la PAC, incluyendo la PAC actual, un enfoque totalmente antagónico. Y la pieza de resistencia es plantear la necesidad de hacer un paquete integrado por las políticas agrícola y ambiental, dando legalidad unilateral al tema. ¿Son éstas las buenas prácticas que el Gobierno de Argentina desea imitar?
