Desde principios de año, la expresidenta y actual senadora nacional, Cristina Kirchner había optado por el bajo perfil. Sin actividad relevante en las redes sociales y ausencias en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y en algunas reuniones de comisiones. Ayer la líder del Frente para la Victoria presentó su primer proyecto en su regreso a la Cámara Alta, sobre un tema que incomoda al oficialismo: propone que los ciudadanos que tengan cuentas off shore o participen en sociedades radicadas en “guaridas” fiscales no puedan asumir cargos públicos.
Esta iniciativa supone una modificación a la Ley Etica Pública y también establece que la prohibición tenga un margen de dos años previos a ingresar en la Administración Pública, exige que el funcionario con cuentas de este tipo deba presentar su renuncia a los cinco días de conocerse esos fondos y establece penas de entre uno y seis años de prisión, equiparándolo con el delito de “dádivas” previsto en el Código Penal. En los fundamentos del proyecto, la expresidenta señaló que el objetivo es “ponerle un freno al festival de sociedades off shore y cuentas en paraísos fiscales en que se ha convertido el Gobierno de Cambiemos”. “La mayoría del Gabinete está involucrado en los escándalos internacionales de Panamá Papers y Paradise Papers y el caso del ministro de Finanzas y endeudador serial Luis Caputo es uno de los más obscenos”, dijo la actual senadora por la provincia de Buenos Aires. Además, subrayó que “la gota que rebasó el vaso fue la designación de un especialista internacional en lavado de dinero y evasión impositiva al frente de la AFIP, quien además tiene toda su plata en el exterior”, en alusión a Leandro Cuccioli.
El proyecto lleva la firma de los ocho integrantes del bloque del Frente para la Victoria en el Senado, incluida la del presidente, el neuquino Marcelo Fuentes. Mientras que la líder del GEN, Margarita Stolbizer, habitual contendiente pública de la expresidenta, fue la primera dirigente que salió a hablar del tema. “Presenté ese proyecto en el 2013 y 2015 cuando su gobierno llevaba a Argentina a ser el país que más plata transfería a los paraísos fiscales. Hay que reformar urgente Ley Etica Publica y tener autoridad para hacerlo. Ustedes retrocedieron en ese tema”, señaló.
