Por Javier Cachés Politólogo
Cuando se observa el calendario electoral del 2018 en América Latina, Brasil acapara todas las miradas de los comentaristas locales. Varias razones avalan ese protagonismo, entre las cuales se destacan su relevancia política en la región, el peso del intercambio comercial con la Argentina y las irregularidades de su proceso electoral. Sin embargo, antes de Brasil se celebrarán comicios presidenciales en México. Distintos elementos invitan a prestar especial atención a lo que pase el próximo 1° de julio en la segunda economía del subcontinente.
En efecto, México asiste a unas elecciones que reconfigurarán su sistema político. La contienda cristalizará tres fenómenos que se retroalimentan: la crisis del Partido de la Revolución Institucional (PRI), una creciente insatisfacción ciudadana con las instituciones de representación tradicionales y una polarización partidaria inédita. El declive del histórico partido hegemónico modifica el modo en que se organizó la política mexicana en las últimas ocho décadas; el hartazgo de la sociedad con el status quo favorece la emergencia de actores antiestablishment y la polarización plantea tensiones serias en la dinámica democrática.
El PRI fue el partido hegemónico de México durante los dos últimos tercios del Siglo XX. En las décadas de los '80 y '90, forzado por el contexto internacional y las presiones internas, emprendió un proceso de apertura de su régimen político. Así, en las elecciones federales del año 2000 se produjo finalmente la alternancia en la presidencia a manos del Partido Acción Nacional (PAN), que repetiría su éxito electoral en el 2006. Aquel traspaso de poder fue, en términos generales, una transición controlada: el PRI entregó la presidencia pero preservó capital político.
En 2012 el partido del “dedazo” regresó a la primera magistratura de la mano de Enrique Peña Nieto. Seis años después, no obstante, el orden político que comenzó a descongelarse con el cambio de siglo se encuentra agotado. Mientras todas las encuestas dan favorito al dirigente de izquierda Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un reformista que promete “transformar la vida pública de México”, el PRI atraviesa un descrédito inédito, jaqueado por los casos de corrupción que se acumulan, niveles récord de violencia armada y una pálida gestión económica. Tan profundo es su desprestigio que eligió como candidato presidencial a José Antonio Meade, un técnico con escasa trayectoria en el partido.
La derrota para el PRI asoma por arriba y por abajo. A nivel nacional, Meade marcha tercero en los sondeos, con diferencias en la intención de voto que se ensanchan conforme pasa el tiempo. Pero en julio también se renovarán 9 de las 32 gobernaciones. La fuerza que supo ser liderada por Lázaro Cárdenas en la década del ´30 no ganaría ninguna, e incluso perdería el dominio de dos distritos que gestiona actualmente. Los números sirven para ilustrar este retraimiento subterráneo pero persistente. En 1988, el PRI gobernaba la totalidad de los estados subnacionales. En 2016, controlaba el 47%. Si se confirman los pronósticos, pasará a administrar el 41% de las gobernaciones. El partido mantiene una formidable maquinaria organizativa con más de seis millones de afiliados, pero en tiempos de identidades líquidas, los votos parecen estar migrando hacia otras fuerzas.
La desconfianza ciudadana excede al PRI y alcanza al sistema político en su conjunto. Como en otras latitudes, el hastío de la sociedad para con los poderes tradicionales habilita la aparición de discursos anti elitistas. Pero en México, el sentimiento de desafección estaría debilitando inclusive el compromiso civil con la democracia. Una encuesta reciente del Pew Research Center muestra que sólo el 6% de los mexicanos está satisfecho con el funcionamiento de la democracia en su país, el porcentaje más bajo de las 37 naciones que incluye el estudio. Más aún: México es el país con mayor nivel de apoyo a un gobierno militar (42%) de los siete latinoamericanos comprendidos en la investigación. Si no se procesa políticamente por vías institucionales, este hartazgo puede generar una olla a presión con consecuencias imprevisibles.
Hasta el momento, como respuesta al descontento social, los partidos decidieron fugar hacia adelante exacerbando la polarización y las divisiones internas. Hasta hace unos meses el electorado se dividía entre tres tercios desiguales. Hoy, la foto de los sondeos sugiere que la contienda será entre dos: AMLO, líder de izquierda y fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y Ricardo Anaya, mascarón de proa de una heteróclita alianza entre el centroderechista PAN y el centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Una de las reglas básicas de las democracias modernas es que los políticos que pugnan por el poder reconozcan a sus rivales como actores legítimos. Sin tolerancia mutua, no hay convivencia posible. Aunque más moderado que en la campaña del 2006, López Obrador acusa a la partidocracia tradicional de ser “la mafia del poder”. Con AMLO, responde Anaya, “México será Venezuela”, una muletilla muy utilizada también por los partidos conservadores en el Cono Sur. Este tipo de estrategias tensionan la competencia política e incrementan el nivel de conflicto institucional.
Ocaso del PRI, malestar ciudadano y polarización política son tres elementos que complejizan y le dan notoriedad al escenario mexicano en este 2018. A los que habría que agregarle una apostilla: un eventual triunfo de AMLO supondría un contrapeso al giro a la derecha que la Latinoamérica dio en el último bienio. ¿Impulsará López Obrador cambios en la política exterior y en la lucha contra el narcotráfico, tal como prometió, en caso de llegar a la presidencia? ¿Podrá el PRI regenerarse y adaptarse al nuevo entorno? Hay razones más que suficientes para seguir de cerca el proceso electoral de México.
