Por Alejandro Radonjic
El exhaustivo estudio de la OCDE sobre el presente de la economía argentina es ciertamente valioso, pero es aún más rico el aporte que hace para empezar a solucionar los vastos problemas que el país fue acumulando y no ha podido más que ver cómo se han agravado. La auditoría del “club de las buenas prácticas”, ya comentada en El Economista, ofrece caminos e ideas concretas, técnicas y recetas (no mágicas), que han instrumentado países que hoy tienen PIB per cápita en la zona de los US$ 50.000 al año, es decir, cinco veces más que el que hay por estas pampas; una comunidad más organizada (en el léxico PJ); menos volatilidad y se han sumado virtuosamente a la imparable globalización.
El éxito de las medidas, lógicamente, no está garantizado pero, ciertamente, merecen ser escuchadas. Más aún si prometen elevar el PIB per capita 15% en tan sólo una década. Veamos.
Algunas medidas que sugiere la OCDE ya han sido instrumentadas (y/o están en la cosmovisión económica de Cambiemos) pero, aún así, el organismo sugiere que debe hacerse más. Ese es el caso, por ejemplo, del déficit fiscal, la madre de todas las batallas macroeconómicas. Allí, el organismo con sede en la Ciudad Luz dice: “La reciente fijación de objetivos presupuestarios plurianuales representa un progreso notorio, pero los mismos no fueron integrados aún a la legislación”. En concreto, la OCDE prescribe “introducir una regla fiscal de gasto y considerar la implementación de un objetivo de deuda”. Además, sugiere “establecer un consejo federal independiente para evaluar el cumplimiento de las reglas fiscales”. Sin embargo, parece haber una contradicción porque el propio informe sugiere “permitir desviaciones temporales” si el crecimiento está por abajo o arriba de la meta oficial.
Adentro de ese capítulo, la OCDE propone gastar mejor pues “el gasto público aumentó considerablemente en el transcurso de los años, pero no todos los gastos contribuyeron a una mayor inclusión
o un mayor crecimiento”. Allí sugiere “eliminar gradualmente los subsidios a la energía, racionalizar el empleo público (sobre todo en las provincias) y lograr mayores reducciones de gastos en las empresas estatales, así como mejorar su gobernanza”.
También sugiere consolidar más la independencia del BCRA que, dice la OCDE, “carece de independencia formal” y, además, “la falta claridad en su mandato”. Ambas cosas “disminuye la efectividad de la política monetaria”. Por eso, propone “limitar la sustitución del presidente del BCRA a casos de faltas graves de conducta” y, agrega, “simplificar el mandato del BCRA, priorizando la estabilidad de precios”.
El capítulo impositivo, lógicamente, es uno de los más extensos. El diagnóstico es casi lapidario. “El sistema tributario es complejo, y pocos individuos pagan impuestos sobre la renta. Además, contribuye relativamente poco a reducir las desigualdades y genera importantes incentivos a la informalidad”, señala la OCDE, y propone una batería de cambios:
Bajar el Mínimo No Imponible.
Eliminar gradualmente el impuesto sobre los Ingresos Brutos y las transacciones financieras.
Ampliar la base imponible del IVA.
Introducir progresividad en las contribuciones a la seguridad social.
Disminuir temporalmente las contribuciones a la seguridad social para trabajadores con salarios bajos cuyos puestos de trabajo se integran en el sector formal.
Decálogo micro
A la vez, detecta que “las barreras de entrada y el escaso cumplimiento de las normas debilitan la competencia en los mercados de productos”. Allí, la OCDE propone “simplificar procedimientos administrativos y requisitos de autorización para iniciar una actividad; implementar un modelo de ventanilla única para la regulación de empresas y asegurar la autonomía y los recursos adecuados a la autoridad de defensa de la competencia”.
“La economía, protegida de la competencia internacional, no ha podido aprovechar plenamente los beneficios del comercio internacional y de las cadenas globales de valor”, dice la OCDE. ¿Qué propone? Bajar las tarifas a la importación y reducir aún más la aplicación de Licencias No Automáticas (LNA). A la vez, pide “ampliar las políticas de apoyo a los trabajadores afectados”.
La dotación de recursos humanos también es un eje. “La falta de habilidades ?detecta el informe- frena el aumento de la productividad y la creación de empleo de alta calidad”. Por eso, propone “desarrollar un sistema de formación profesional fomentando la participación de los empresarios y la formación en el lugar de trabajo” y “alinear mejor los programas de estudios de la educación terciaria con el empleo”.
La reforma laboral, un objetivo entre cejas para el Gobierno, no está ausente del decálogo de la OCDE. “Las normativas rígidas del mercado laboral obstaculizan la creación de empleo, aumentan el costo laboral y frenan el aumento de la productividad”, dice el reporte. Y propone “proteger a los trabajadores mediante seguros de desempleo y formación, y no con una normativa laboral estricta” y, a la vez, “introducir procedimientos extrajudiciales para conflictos laborales”.
Educación e inclusión
La educación, pocas dudas caben, se lleva un lugar estelar en las recomendaciones de la OCDE, toda vez que se trata de la herramienta más potente para lograr un crecimiento más inclusivo. El mismo lugar ocupa la política social paliativa, aunque en el corto plazo.
El diagnóstico de la OCDE es categórico. “El nivel educativo es bajo y las tasas de repetición de curso y abandono son altas”, dicen. Sugerencias: “Fortalecer los mecanismos de identificación y apoyo de estudiantes en riesgo de abandonar la escuela a través de tutoría y soporte individualizado”.
Asimismo, “la calidad de los docentes es baja”, algo que, explican, está relacionado “con deficiencias en la formación del personal docente”. Hay que, dice la OCDE, “fusionar las instituciones de formación docente y fortalecer sus normas de calidad, su gobernanza, sus requisitos contables y su transparencia”.
Los ni-ni también son parte de la agenda OCDE. “La falta de habilidad e incentivos está debilitando la creación de empleo” y “una gran parte de los jóvenes no se está formando, no estudia y no trabaja”. El camino, allí, es “ampliar la oferta de formación, servicios de empleo e incentivos para el desarrollo de pequeños emprendimientos”.
Una mayor integración laboral es uno de los mandamientos de la OCDE. Pese a tener mayor educación que los hombres, “la tasa de empleo femenina es baja”. Recetas OCDE: “Ampliar la educación de la primera infancia, promover acuerdos flexibles sobre la jornada laboral y extender el permiso por paternidad”.
Y la informalidad, obviamente, tampoco podía faltar: un tercio de la mano de obra trabaja en el sector informal, con salarios bajos y sin protección. Soluciones: “Reforzar la formalización y el cumplimiento mediante más inspecciones laborales, en conjunto con otras medidas que refuercen los incentivos a la formalización”.
El gasto en pensiones, dice la OCDE, es alto “y el envejecimiento demográfico amenaza la sostenibilidad a largo plazo del sistema de jubilaciones”. Respuesta OCDE: “Indexar las prestaciones por jubilación con el IPC” e “igualar la edad de jubilación de las mujeres a la de los hombres”.
La política social, también, es un eje de discusión, toda vez que la inversión a tales fines es muy importante, pero los programas “están fragmentados y muestran solapamientos considerables”. La respuesta, sugiere la OCDE, debería ser “integrar los programas de protección social existentes y permitirles compartir los registros y herramientas de focalización”.
