Por Ricardo Porto
Días atrás se anunció la operación más trascendente en la historia de los medios locales. Se trata de la fusión entre Telecom y Cablevisión, cuyos accionistas son David Martínez, titular de Fintech y el Grupo Clarín, respectivamente. La empresa telefónica y el cableoperador están valuados en US$ 5.000 millones y US$ 6.000 millones, respectivamente. Cabe recordar que Fintech ostenta actualmente el 40% de las acciones de Cablevisión y, por ende, la operación profundizará la relación.
Según explica Martín Becerra, la futura megaempresa concentrará el 42% de la telefonía fija, el 34% de la telefonía móvil, el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha, el 35% de conectividad móvil y el 40% de la TV paga. Por lo demás, estos porcentajes son más elevados en los centros urbanos. Asimismo, debe tenerse presente que el Grupo Clarín es el mayor editor de diarios, es propietario de Radio Mitre, FM 100, Canal 13 y diversas señales audiovisuales. Asimismo, es accionista en Papel Prensa y en la Agencia DyN, entre otros emprendimientos.
Esta fusión empresaria deberá ser aprobada por el Ente Nacional de Comunicaciones ? Enacom- y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Precisamente, esta operación ha puesto en el centro de la escena las concentraciones mediáticas y su gravitación, no sólo en el plano económico, sino también en el funcionamiento del sistema político. Sobre el particular, existen diferentes corrientes de opinión, que discrepan a la hora de proponer regulaciones específicas a estos novedosos conglomerados de medios.
Zapping de visiones
Por un lado, desde la visión liberal se esgrimen diferentes justificaciones. Así, están los que, en sintonía con la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, condenan los monopolios comunicacionales, pero rechazan que existan leyes específicas sobre el particular. En ese orden, creen que las leyes generales de defensa de la competencia son los instrumentos adecuados para combatir a los monopolios. Este tipo de leyes generales ? explican-, suelen reprimir adecuadamente las concentraciones de poder económico a través de reglas ex post. Paralelamente, objetan las regulaciones sectoriales que se caracterizan por tener reglas ex ante como, por ejemplo, establecer un número máximo de emisoras, fijar topes de participación en el mercado, impedir a medios gráficos acceder a servicios audiovisuales, entre otras medidas.
El Gobierno sustentó esta postura en su presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando fundamentó el DNU 267/15, que derogó todos los artículos de la Ley de Medios sobre desconcentración que, cabe recordar, la CSJN había declarado constitucionales.
Asimismo, sectores vinculados con grupos empresariales, sobre todo los más concentrados, van más lejos y vinculan la envergadura del medio con la independencia económica del Gobierno. Esta línea argumental sostiene que la mayor fortaleza de un grupo es garante de la libertad de expresión y la autonomía editorial, toda vez que lo dota de la capacidad de sobrevivir sin la asistencia del poder político. Cabe referir que una postura similar fue sostenida en nuestro país, precisamente, por el Grupo Clarín, en el proceso en donde se cuestionaba la Ley de Medios. En esa causa, entre otras cosas, se dijo que la desconcentración del grupo afectaba su libertad de expresión pero la CSJN desechó ese argumento.
Por último, también desde el campo liberal, existe otro tipo de justificaciones para las concentraciones, que consideran que las mismas aprovechan las economías de escala propias del sistema de medios, que permite a las empresas desarrollar nuevos productos que favorecen a sus clientes. Esta posición sostiene que el sistema de medios, en lo económico, tiende a la concen tración y que las economías de escala, inherentes a todas las industrias culturales, son necesarias para innovar en productos y contenidos. Esta postura es esgrimida por Telecom y Cablevisión cuando señalan que “(?) se constata, tanto en el plano nacional como el internacional, una tendencia a la convergencia tecnológica entre redes y plataformas, para la prestación de servicios de transmisión de voz, datos, sonido e imagen, tanto fijos como inalámbricos, en soluciones integradas a proveer a los clientes los productos de la convergencia”. En ese orden, la nueva megafusión permitirá brindar el famoso cuádruple play, -TV por cable, telefonía fija y móvil e Internet-.
En la otra orilla ideológica están quienes cuestionan los argumentos liberales. Por caso, los redactores de la Ley de Medios justifican plenamente las normas específicas de combate a los monopolios, y para ello también recurren a los principios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Citan el Informe 2004 de la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la OEA, en donde se destacó que la existencia de prácticas monopólicas y oligopólicas en la propiedad de los medios de comunicación social afecta seriamente la libertad de expresión y el derecho de la información de los ciudadanos, agregando que las reglas generales de concentración de la propiedad diseñadas para reformar la competencia son insuficientes para en áreas donde están en juego valores políticos, sociales y culturales. Una postura similar sostiene la UNESCO, que admite la necesidad de aplicar una legislación específica en materia de competencia con el fin de prevenir los abusos de los monopolios, en lugar de recurrir a posteriori a la legislación general en materia de competencia.
Desde esta postura se destaca que, más allá de sus implicancias económicas, los monopolios y las concentraciones mediáticas afectan seriamente el requisito de pluralidad en la información. Esta carencia constituye un serio obstáculo para el funcionamiento de la democracia, dado que esta forma de gobierno requiere del enfrentamiento de ideas, el debate y la discusión.
La postura oficial
Por último, y más allá de este debate ideológico, cabe detenerse en la determinación que tomará el Gobierno de Mauricio Macri frente a la fusión Telecom-Cablevisión. Así, lo primero que aparece es una debilidad institucional, ya que la decisión estará exclusivamente en manos de los organismos administrativos que dependen del Poder Ejecutivo, como lo son el Enacom y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. En verdad, la magnitud del tema requiere un abordaje de mayor horizontalidad y legitimidad política, que sólo lo da la participación del Congreso.
Como puede apreciarse, sobrevuela esta fusión el famoso y controvertido concepto de convergencia que la OCDE definió como el proceso mediante el cual las redes y servicios de comunicaciones, que anterior mente se consideraban por separado, comienzan a transformarse y diferentes plataformas de red soportan servicios similares de voz, audiovisuales y de transmisión de datos. Los temas vinculados a esta cuestión no ocurren en un estado de ingravidez social sino que tienen una estructura concentrada en pocos grupos de comunicación, telecomunicaciones e informática, accesos sociales limitados y condicionados por fracturas socioeconómicas. Por ello, resulta paradójico que los mismos actores políticos que participan activamente de la discusión sobre las reglas de juego que organizan el sistema de medios de comunicación audiovisual, se desentiendan de la importancia de la regulación de la convergencia, máxime cuando este terreno exhibe aún mayores condiciones de concentración que las imperantes en el sistema tradicional de medios de comunicación
Al respecto, tal vez sea útil recordar cómo los intensos, extensos y apasionados debates que tuvieron lugar con la Ley de Medios, contrastan con los discretos, limitados y técnicos intercambios de ideas que rodearon a la Ley Argentina Digital. La discusión de la Ley 26.522 duró años; la de la Ley 27.078 dos meses. Sin ninguna duda, la similar importancia de ambas normas torna inexplicable -e injustificable- la enorme diferencia que tuvo el tratamiento de una y otra ley. En el caso de la fusión Telecom-Cablevisión, su incidencia política e institucional es similar a la de aquellas normas.
En este contexto, resulta necesario dejar a un lado la supuesta asepsia de la regulación de este tipo de temáticas, para abordar decididamente su aspecto político, social y cultural. Más necesario aún es que el Gobierno envíe ya mismo al Congreso el proyecto de ley que regule la convergencia. De lo contrario, diseñar este complejo y cambiante mercado a través de decretos, no sólo le dará una especial fragilidad jurídica sino, fundamentalmente, le quitará legitimidad democrática. Esperemos que ya no sea demasiado tarde.
