El proyecto presentado el lunes pasado por el presidente Mauricio Macri para incentivar la inserción laboral de personas que perciben planes sociales suscitó una primera opinión compartida entre los diferentes especialista consultados por El Economista: apunta a un objetivo loable, que es promover la transformación de la asistencia en trabajo genuino. Los desafíos e incongruencias, en cambio, aparecen en el plano de la instrumentación. En un marco en el que la actividad económica no repunta y las pymes se encuentran golpeadas, las posibilidades de incorporar personal mediante una herramienta de este tipo se reducen y, en cambio, aparecen riesgos de flexibilización.
El programa para “empalmar” planes sociales con empleos en empresas privadas implicará que el Estado se haga cargo de una parte del salario de los trabajadores por un monto de hasta $4.000 mensuales, alivianando la carga de los empleadores e incentivando la contratación de estos perfiles. Según anticipó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el Gobierno proyecta incorporar vía esta iniciativa 80.000 personas por año al mercado formal.
Para Pablo Chena, doctor en economía e investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del Conicet, la iniciativa apunta a un objetivo acertado pero parte de un diagnóstico equivocado y por eso propone un instrumento inadecuado. “El núcleo duro de la economía popular son trabajadores que fueron excluidos del sistema y no por una cuestión de costos laborales. Es decir, con $4.000 no se resuelve el problema de la exclusión. Es gente que necesita otro tipo de impulso en términos de capacitación para insertarse”, señaló.
Por otro lado, Chena sostuvo que la iniciativa parte de la concepción de que el problema de la Argentina es que falta empleo porque son altos los costos laborales. “En realidad falta empleo porque falta demanda. El generador de empleo es una mayor cantidad de venta de las empresas. En un escenario de recesión muy fuerte fundamentalmente del mercado interno, aquellas empresas que podrían emplear a estos trabajadores no están en condiciones de hacerlo”, explicó.
En el mismo sentido se expresó la experta en políticas laborales y ex viceministra de Trabajo durante la gestión de Carlos Tomada, Noemí Rial. “Las leyes no generan empleo, lo que genera empleo es el desarrollo económico”, sentenció. Para que de resultado esta iniciativa la ex funcionaria consideró que debe ir acompañada por dos condiciones. Por un lado, que la economía se restablezca. “Tenemos que armar un esquema donde las conductas de carácter económico se condigan con las conductas que queremos implementar en el mercado de trabajo. Si yo sigo abriendo la economía para que entren zapatos o ropa de otros países a precios con los que no pueden competir nuestros productores no voy a poder generar en esas actividades que son de mano de obra intensiva los puestos de trabajo para incorporar estos trabajadores”, expresó. Por otro lado, señaló la necesidad de que haya una inspección estricta para evitar que se propicie el fraude laboral.
“Yo creo que el mayor problema que tiene este plan y lo que marcará la diferencia entre el éxito y el fracaso es cuáles serán las condiciones que tengan los trabajadores que sean incluidos en este empalme, es decir, a qué tipo de trabajo accederán”, señaló Claudia Danani, doctora en ciencias sociales y docente e investigadora universitaria. Para la especialista es importante saber si quienes se incorporan al mercado de trabajo mediante este instrumento lo harán con alguna perspectiva de estabilidad o si quedarán absolutamente a merced de la voluntad de contratación y despido del empleador. “Estas dudas se despejarán con la publicación del decreto, pero tal como ha sido presentado el plan por el momento, el Estado se obliga a pagar una parte del salario, pero las empresas no se obligan absolutamente a nada”, advirtió.
El tema de la capacitación es otro escollo que aparece en la instrumentación de la medida. Para el economista de Idesa Jorge Colina, en el sistema productivo hay una enorme brecha entre las exigencias del mercado laboral y las capacidades laborales de los beneficiarios de planes asistenciales. “En general las empresas formales exigen como requisito mínimo que el candidato haya concluido la secundaria, y suma si tiene antecedentes laborales demostrables en la economía formal. Pero la gran mayoría de los beneficiarios de planes sociales no cumplen con estos requisitos”, ilustró. Para Colina sería útil la intermediación de los municipios, que podrían elaborar perfiles laborales de los beneficiarios y tratar de conectarlos con las empresas locales.
El economista Dante Sica, director de la consultora Abeceb, agregó que en la industria la implementación podría ser más difícil dadas las “capacidades blandas” que se requieren para las tareas. “Más que un empalme, se necesita que sea un puente al empleo, y esto hay que tenerlo preparado para cuando el empleo empiece a crecer”, consideró.
