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El 43,7% de los jóvenes de barrios informales del conurbano probó drogas

Un informe de la UCA observa también que "el 68,3% afirma que la policía conoce y/o participa del tráfico de las drogas"

28 abril de 2017

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA presentó un informe sobre la evolución de la venta de drogas en los barrios y la presencia de adicciones severas en los hogares urbanos entre los años 2010 y 2015. El estudio, que profundiza en las adicciones de jóvenes de barrios vulnerables del conurbano bonaerense, señala que el 43,% de ellos probó drogas alguna vez.

La investigación titulada "Venta de Drogas y Consumos Problemáticos. Una Aproximación Diagnóstica a las Adicciones en Jóvenes de Barrios Vulnerables", desarrollada en el marco del Barómetro del Narcotráfico y las Adicciones en la Argentina, apunta que el 27,3% consumió sustancias ilegales durante el último año y el 22,1%, en el último mes.

Entre quienes consumieron sustancias alguna vez hay distintas prácticas de consumo. Mientras que el 49,5% tiene un consumo ocasional (algunas veces al año o menos), el 14,5% lo hace de forma regular (al menos una vez por mes) y el 36% realiza un consumo intensivo (consume semanalmente o diariamente).

"Los varones son mucho más proclives al consumo de drogas que las 3 mujeres, especialmente aquellos que no completaron sus estudios secundarios, quienes no estudian ni trabajan y los que tienen responsabilidades familiares", explica la presentación.

La droga ilegal más consumida es la marihuana: 41,7% probó alguna vez, 27,3% consumió durante el último año y 21,4% en el último mes. En tanto, el 17% de los jóvenes probó cocaína alguna vez, el 10,1% consumió durante el último año y el 6,1%, en el último mes. Mientras que el 2,9% probó pasta base paco, el 1,7% consumió durante el último año y el 1,5%, en el último mes. En el caso del paco, "el consumo aumenta considerablemente conforme aumenta la precariedad residencial".

Condiciones de vida

En los barrios populares del Gran Buenos Aires, la mitad de los jóvenes viven en hogares con necesidades básicas insatisfechas (50,7%) y bajo la línea de pobreza (50,6%). "Estas condiciones se agudizan entre las mujeres, especialmente aquellas que tienen responsabilidades familiares y las que no se encuentran ocupadas y no asisten a establecimiento educativo", asegura la UCA.

Uno de los factores que resalta el informe es que se encuentran "excluidos del sistema educativo formal y ocupan un lugar subalterno en el mercado laboral". Solo 1 de cada 3 (35,2%) logró completar sus estudios secundarios, y solamente el 7,4% accedió a estudios terciarios o universitarios. Además, el 29,3% se encuentra inactivo laboralmente y solamente el 9,5% de los jóvenes se encuentran ocupados con un empleo formal de calidad (en una situación plena de derechos).  El 33,9% no estudia ni trabaja.

El rol del Estado

Son innumerables las denuncias de organizaciones sociales y civiles sobre el vínculo entre el comercio de estupefacientes y el accionar las fuerzas de seguridad en las villas y asentamientos. En ese sentido, el Observatorio de la Deuda Social precisa que el 68,3% de los jóvenes "afirma que la policía conoce y/o participa del tráfico de las drogas en su barrio".

A raíz de ese y otros elementos, el informe llama al Estado a "pensar estrategias específicas y diferenciadas a las llevadas adelante en la región", en la que predomina el modelo mexicano de "Guerra a las drogas" que lejos estuvo de dar respuesta a este problema. Es por eso que plantea que se debe "detener el avance del narcotráfico y el narcomenudeo no sólo por vía represiva que eleven el riesgo de estas actividades, sino también a través de dispositivos de inclusión y rescate socio-económico de las familias y jóvenes que participan del negocio como una estrategia de supervivencia", exhorta.

Ante un escenario social signado por incremento de la pobreza (calculada por la propia UCA en 32,9% de la población para fines de 2016, con un millón y medio de nuevos pobres durante el último año), el Observatorio considera que "es fundamental comprender que una parte importante de los problemas de fondo es la exclusión social y precariedad en las condiciones de existencia".

Asimismo, agrega que "se trata de una problemática que debe ser abordada de manera estratégica, integral y decidida desde las políticas públicas en articulación con las poblaciones vulnerables y las organizaciones sociales de base". "En cualquier caso, y para cualquier sector social, la situación de adicción debe ser 'descriminalizada' y abordada centralmente como una problemáticas de salud y de rescate social", concluyen los expertos.

El informe no se posiciona respecto del debate sobre la posibilidad de despenalizar el consumo de drogas.

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