Entre los temas que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y sus pares de las provincias abordaron en la última reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal la semana pasada en Mendoza, la necesidad de evitar un incremento en las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos que cobran las provincias fue uno clave. La Nación les ratificó que avanzará sobre una reforma tributaria que buscará “arrasar” con el tributo que califican de “distorsivo”, lo que genera aprobación entre las jurisdicciones, aunque matizada.
“El impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) es un impuesto de tipo plurifásico y acumulativo, que se caracteriza por ser altamente ineficiente desde el punto de vista económico, pues genera los conocidos efectos de acumulación y piramidación que incentivan decisiones distorsivas en la asignación de los recursos”, resumía un informe del Iaraf al respecto.
Pero si bien tanto la Nación como las provincias coinciden en que se trata de un impuesto distorsivo, su peso sobre la recaudación total de las provincias asciende a más de 70% (ver gráfico), lo que lo vuelve imposible de eliminar de un día para el otro.
No casualmente, el titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Gastón Fossati, a pesar de haber criticado el impuesto en varias oportunidades, anunció ayer que la entidad implementará una nueva metodología para disminuir la evasión de ese impuesto “en cada uno de los sectores de la economía” con vistas a “ampliar la base de contribuyentes”.
Como alternativa, las provincias más grandes proponen una fusión de Ingresos Brutos con el IVA, aunque las más chicas advierten que eso significará una caída en su recaudación, en tanto que no alcanzarán a cubrir la pérdida con lo que ganen por gravar el consumo. Ambas, en tanto, coinciden en el beneficio de que las provincias recauden más por impuestos patrimoniales y asimismo, en que cualquier solución deberá ser gradual.
La postura nacional
En el Gobierno Nacional comprenden que la corrección deberá ser paulatina, aún contra sus propios deseos. Como respuesta al argumento de las provincias, promueven una mayor recaudación en los distritos por concepto de impuestos patrimoniales, que ayude a compensar la pérdida de menores ingresos por la vía de Ingresos Brutos. “El problema son las magnitudes. Los impuestos patrimoniales son 20% a 25% de sus ingresos”, señala un funcionario de la cartera que encabeza Rogelio Frigerio. En ese marco, la ley de Reparación Histórica a Jubilados sancionada el año pasado estableció un sendero de descenso de la alícuota hasta 0,25% en 2019 y subió el mínimo imponible para Bienes Personales para evitar que el revalúo de propiedades que llevan a cabo las provincias termine derivando en mayor recaudación nacional en lugar de provincial, como viene sucediendo hasta ahora. “La intención es mejorar la composición de la recaudación y al mismo tiempo, asegurar los niveles de ingreso de las provincias”, concluye.
En tanto, respecto a la alternativa de un IVA provincial que proponen provincias como Córdoba (ver aparte), desde Nación no descartan la idea, aunque la ubican en un segundo momento a mediano plazo. “Primero logramos frenar la pelota”, se contentan en el Ministerio del Interior tras el compromiso firmado por las provincias en Córdoba de no aumentar las alícuotas de Ingresos Brutos y el acuerdo de Fortalecimiento de la Gestión Provincial sellado con el BID el mes pasado, que incluye el compromiso de eximir del cobro de Ingresos Brutos a los créditos hipotecarios.
En la perspectiva nacional, el IVA provincial podría llegar entonces a mediano plazo, una vez que otros impuestos más progresivos vayan ganando participación en los presupuestos provinciales y las jurisdicciones vayan incorporando más fondos a causa de nuevos acuerdos federales ?o de una eventual reforma de la coparticipación?. Un estudio que llevó adelante el Gobierno muestra que en ese caso, la alícuota adicional que se debería agregar al IVA sería de seis a siete puntos porcentuales.
