El Gobierno oficializó ayer, con la firma del presidente Mauricio Macri, en el Boletín Oficial, el decreto que modifica la Ley de Migraciones y endurece los controles con el fin de prohibir el ingreso a extranjeros que cuenten con antecedentes penales. Recibió el respaldo de sectores opositores y el rechazo de Amnistía Internacional.
El decreto 70/2017 sostiene que “ante recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento, el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a 7 años de tramitación”. La medida, que apunta a agilizar los tiempos para expulsar al extranjero, explica: “Serán causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en territorio nacional, la presentación ante la autoridad de documentación nacional o extranjera material o ideológicamente falsa o adulterada, o la omisión de informar sobre la existencia de antecedentes penales, condenas y/o requerimientos judiciales o de fuerzas de seguridad”. Se le negará el ingreso a su vez a aquel que haya “sido condenado o esté cumpliendo condena, o tenga antecedentes o condena no firme en la Argentina o en el exterior, por delitos que merezcan, según las leyes argentinas, penas privativas de libertad”. La acción del Gobierno ante esta cuestión había sido anticipada por los funcionarios en las últimas semanas, y había tenido como primera medida la creación de una Comisión Nacional de Fronteras. En el decreto, el Gobierno argumenta que “la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35 por ciento de la población carcelaria total”.
Para el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, “esta es una política más de las muchas que se están implementando y que se van a seguir implementando para solucionar un problema gravísimo que hay en la Argentina con la delincuencia, con la inseguridad, con el narcotráfico y con el crimen organizado”. La avanzada desde la Casa Rosada para endurecer los controles migratorios ya contaban con respaldo opositor que aminoraron costos políticos y agilizaron el avance de la iniciativa, tras reuniones mantenidas con el massismo y sectores del peronismo, representado por el senador Miguel Angel Pichetto. El tigrense Sergio Massa ya había declarado que “en la Argentina, los delincuentes tienen que tener vedado el ingreso, y los extranjeros que cometen delitos deben ser expulsados”.
No obstante, el decreto recibió el rechazo de Amnistía Internacional, al calificarlo de “regresivo”. “Amnistía Internacional manifiesta preocupación respecto a la modificación de la política migratoria efectuada por medio del decreto 70/2017 y llama la atención sobre el impacto que dicho cambio genera en materia de derechos humanos” sostuvo el movimiento a través de un comunicado. “Alarma a la organización internacional el establecimiento de una política regresiva que introduce impedimentos para el ingreso y la permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas y vulnera el derecho de defensa”, señaló, y agregó que la medida “reduce el fenómeno de la migración a un debate sobre seguridad nacional, que asocia el migrante al delincuente, es un error”.
