por Mariano Fernández, Economista y profesor de UCEMA
Sin duda alguna, se aleja del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas el peor ministro del Gobierno de Mauricio Macri. Cuando el 13 de enero de 2015 anunció las metas de inflación y déficit fiscal, quedó claro que su declamación carecía de sustento para poder cumplirlas. La devaluación, producto de la unificación cambiaria, la incertidumbre y falta de voluntad respecto de la futura reforma del Estado, y el atraso de los precios de los servicios públicos, determinaban un cóctel donde la inflación esperada (más allá de la encuesta realizada a un grupo de empresarios y referentes, carente de sustentabilidad estadística) superaba la intención de obtener una tasa del 25%.
La estrategia de bajar la tasa de crecimiento de la base monetaria a niveles que se ubicaron entre el 25% y el 30% chocó con la emisión de pasivos monetarios remunerados, que crecieron 100% durante 2016, resultando en una ineficiente herramienta para bajar la inflación. El aumento de la tasa de interés y el consiguiente atraso cambiario al ingresar capitales, aprovechando el bajo riesgo cambiario de corto plazo, al mantenerse e incluso bajar el tipo de cambio nominal, implicaron un profundo atraso cambiario.
Por otro lado, la ampliación de los gastos sociales, la reparación histórica del sistema previsional, sumado a la ampliación de los beneficios sociales y a un crecimiento del gasto primario del 15%, y un retroceso de los ingresos del 9%, determinaron una inconsistencia al mezclar una política monetaria restrictiva con una fiscal expansiva. La consecuencia de esta falta de coordinación determinó que la inflación esperada sea mayor a la señal emitida por el BCRA, generando a partir de marzo el inicio de una profunda recesión.
La salida de Alfonso Prat-Gay enciende una luz de esperanza de que finalmente actúen en forma coordinada Hacienda y el BCRA. Para ello se deberá revisar la meta de inflación de 2017, calculada en 17%, y ubicarla en torno al 23-25%. Por otro lado, si bien no debemos esperar un ambicioso programa de reforma del Estado, sería necesario que la política fiscal, al menos, deje de ser expansiva y comience a bajar el nivel de gasto en términos reales, comenzando un ciclo declinante del déficit fiscal.
Con muy poco es posible establecer un acuerdo con el FMI que alivie las necesidades de financiamiento y permita el inicio de algún tibio programa de reestructuración del gasto. De convalidar una inflación cercana al 23-25%, alinear la política monetaria y fiscal, y comenzar un sendero de licuación del déficit fiscal, es probable que la economía comience a recuperarse.
El alejamiento de Prat-Gay es una buena noticia para el país pues abre la posibilidad de que la economía abandone el sendero explosivo en la que estaba inmersa. Sin embargo, los problemas estructurales de la economía argentina, su falta de competitividad y su elevada presión fiscal continuarán. El aumento esperado del PIB no significará crecimiento real, sólo recuperación, luego de un año plagado de errores.
