Con el aval de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) denunció “por abuso de posición dominante” a Prisma, propietaria de Visa, ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).
En su denuncia, la CAC afirma que Prisma tiene el 80% del mercado de tarjetas de crédito y el 72% del de débito y que maneja todos los segmentos del negocio: otorgamiento de licencias para operar con la marca Visa (adquirencia), procesamiento de pagos, financiamiento de las compras en cuotas y provisión de interfaces para pagos electrónicos (Posnet).
La denuncia está en línea con el anuncio que había hecho en agosto el titular de la CNDC, Esteban Grecco, de empezar a investigar a Prisma por su dominio casi monopólico del mercado. Según dijo entonces, la posición dominante de la empresa se veía en “el monopolio en la adquirencia y procesamiento de la tarjeta Visa, la integración vertical con los principales bancos y la presencia dominante en la red de cajeros y pagos (Banelco), pagos online (Pago Mis Cuentas) y en las barreras a la entrada de nuevos jugadores”.
Pese a que Prisma negó recientemente hacer abuso de posición dominante y dijo que “trabaja con libertad en todas sus actividades, sin generar barreras de entrada a competidores en sus negocios”, sus explicaciones parecen no convencer a muchos...
Abusos de poder
En su denuncia, la CAC divide en dos grandes líneas los abusos de Prisma: sobre los comercios y sobre posibles competidores.
En el primer caso, asegura que la empresa siempre cobra aranceles a los comerciantes “al tope permitido” (3% para tarjetas de crédito y 1,5% para débito) y que su tasa de intercambio (la que cobra Prisma para abonar a los bancos del tarjetahabiente y del comercio) es excesivamente elevada (“equivalente al 95% del arancel”).
Además, afirma que Prisma “impone condiciones abusivas” a los comercios, como fijar “plazos arbitrarios para acreditar pagos”, cobrar “unilateralmente altas tasas para las compras en cuotas”, “utilizar sistemáticamente el plazo máximo para liquidar pagos con tarjeta de débito”, “cargar a los comercios el procedimiento de rechazo por fraude” y descontar una “tasa de adelantamiento de pago en el plan de cuotas”.
Respecto a las barreras contra eventuales competidores, la CAC acusa a Prisma de “eliminar la competencia entre los (14) bancos que la controlan”?lo que les permite fijar tasas altas monopólicamente?, impedir el uso de tarjetas de débito para comercio electrónico salvo para su controlada TodoPago, bloquear “el acceso de otros jugadores al mercado de adquirencia” y “discriminar a sus competidores en la provisión de interfaces” (o sea, no permitirles operar con sus sistemas).
Los reclamos
En este escenario, lo que la CAC reclama en su denuncia es que se regulen determinados aspectos financieros en el mercado de tarjetas y, principalmente, que se permita el ingreso de nuevos operadores.
En el aspecto financiero, exige que Prisma deje de fijar “las tasas de financiamiento de las operaciones en cuotas con Visa” y “la tasa de intercambio, que debería ser establecida por los bancos emisores en un marco de competencia efectiva y regulada por el BCRA”.
Y sobre las barreras de ingreso al mercado, reclama que “se permita a otros facilitadores de pago y comercios procesar los pagos con tarjeta de débito en igualdad con TodoPago”, que haya otros proveedores para “hacer los procesamientos y pagos a través de otros gateways (canales informáticos de encriptación)” y que se prohíba a Prisma “tomar el control de Banelco”.
Todos estos reclamos están en línea con el proyecto para regular al sector que Diputados podría aprobar mañana, que entre otras cosas obliga a que haya más de una empresa por tarjeta y establece que el Estado “regulará la comisión o arancel, la tasa de intercambio y la tasa de adquirencia”. Los comerciantes consideran que el proyecto es una mejora respecto al que quedó varado en el Senado porque, si bien éste último tenía comisiones más bajas (un tope del 1,5% para compras con tarjeta de crédito y del 0% con débito), “se centraba sólo en este aspecto, mientras que el nuevo proyecto hace foco en la competencia”.
El presidente de la CAME, Osvaldo Cornide, estima que con el nuevo proyecto el comercio minorista tendrá un alivio de $ 5.000 millones anuales, luego de haber transferido a los bancos durante el último año unos $ 14.563 millones en comisiones por operaciones con tarjetas.
