Los escasos avances fiscales logrados en 2016 y la relajación de la meta fijada para 2017 no cayeron bien entre los economistas y los inversores. Dada la adicción del país al déficit fiscal, el devenir de las cuentas públicas (y, con ellas, los de la deuda pues ese ha sido el instrumento de financiamiento elegido) suscitancada vez más atención, y no por motivos positivos. Recordemos que Alfonso Prat-Gay había prometido un rojo de 3,3% para el año próximo y ahora apunta a un desequilibrio de 4,2%.
Sin embargo, algunos piden “bajar la ansiedad”, “tolerar desvíos” y entender que la expansión fiscal (o, cuanto menos, evitar tener que recurrir a la siempre impopular austeridad) es clave para que el Gobierno llegue más fortalecido a las elecciones de 2017. La gente vota con el bolsillo, y un gasto público expansivo puede ayudar a estimular la actividad y aumentar los ingresos reales de amplios sectores de la población, así como verse reflejado en más obras públicas. Es el caso de Federico Muñoz.
“Cambiemos necesita imperiosamente un buen resultado para asegurar no sólo la continuidad de la política económica, sino también su propia supervivencia en la Casa Rosada. La Historia ha sido impiadosa con los gobiernos derrotados en las elecciones legislativas de medio término (especialmente, con los no peronistas)”, escribió en su informe semanal, difundido el fin de semana.
“Debemos admitir que la estrategia económica óptima (una reducción más rápida del déficit fiscal) quizás no sea la más adecuada en el plano político en un año electoral”, dice Muñoz, y agrega: “Tener bien presente a esta crítica restricción nos debiera ayudar a bajar la ansiedad y a tolerar desvíos temporarios en la construcción de un ordenamiento económico más racional que el vigente en las últimas décadas; construcción que se abortará prematuramente si no es validada en las vitales elecciones del 2017”.
Muñoz admite, asimismo, que es el gradualismo 2.0 que viene ensayando el equipo económico, y que quiere seguir usando, es financiable porque la deuda es baja y, tras la solución del pleito con los holdouts, el país puede acceder a financiamiento voluntario a tasas más convenientes. Según sus cálculos, la deuda pública neta ronda el 23% del PIB y “está muy lejos de comprometer la posición de solvencia del Fisco”.
