por Héctor Rubini (*)
El uso de monedas metálicas y papel moneda parece tener los días contados. Su sustitución por soportes electrónicos de pagos, y el registro de transacciones en base de datos de los gobiernos despierta recelo y detractores, pero parece ser el camino a seguir por la mayoría de los países del mundo.
Los ejemplos
Algunos han iniciado un sendero impulsado por sus propios bancos centrales, como es el caso de Suecia. En otros, la expansión de medios electrónicos de pago, junto al e-commerce, se ha visto acompañado por marcos normativos que en los países más avanzados en la materia ha permitido expandir rápidamente el uso de estos medios sin eliminar totalmente el dinero efectivo “físico”. Los casos más destacados aparte de Suecia son los de Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Gran Bretaña, y Holanda, donde más del 85% de sus transacciones registradas se realizan sin uso de dinero efectivo.
Pero el nivel de ingresos y riqueza no es una barrera para la adopción del dinero electrónico. Uno de los casos más conocidos es el de Somalia, donde más de la mitad de la población realiza transferencias bancarias con celulares aun cuando en varias regiones han sufrido bloqueos por parte de grupos terroristas simpatizantes de Al-Qaeda.
En Kenia, el sistema M-Pesa de banca electrónica cumplirá diez años de operación, proveyendo una red de pagos y microcréditos a comunidades rurales sin acceso previo al mercado de crédito. En la actualidad más del 90% de la población de ese país usa billeteras electrónicas en sus teléfonos celulares y la incorporación de tecnología no se detuvo en la banca comercial: el Gobierno ha adoptado una plataforma (M-Akiba) para la oferta directa de bonos del Gobierno a usuarios de M-Pesa, los que simplemente deben abrir una cuenta en el Banco Central de Kenia, con lo que se elimina una “fuente de trabajo” para bancos de inversión (y su cobro de comisiones) como market makers y underwriters.
Los motivos
Dado que el uso de efectivo permite preservar el anonimato de las transacciones, favoreciendo el movimiento físico de dinero sin ser detectado por las autoridades, para transacciones no registradas, incluida la relacionada con actividades criminales de todo tipo, esta cuestión ha tratado de ser abordada marginalmente con limitaciones al uso de dinero de alta o baja denominación, pero no hay regla escrita al respecto.
Cierta evidencia recomienda la supresión de billetes de alta denominación, que son los más utilizados en actividades criminales, delitos financieros, tráfico de armas, financiamiento de actividades terroristas y sobornos a funcionarios, entre otros.
En el caso de Suecia, una motivación adicional fue la alta tasa de asaltos y robos en cajeros automáticos y bancos, de modo que la adopción de sistemas de pagos móviles fue acompañada por la eliminación del billete de 1.000 coronas suecas a fin de 2013.
Sin embargo, también es evidente que el uso de efectivo en billetes de baja denominación es un must para pagos fraccionados por estupefacientes, drogas, contrabando, sobornos, etcétera, y también para el blanqueo de fondos obtenidos de actividades informales (ilegales o no) a través de la compra de bienes, activos o servicios en la economía formal.
Hay riesgos
La sustitución del soporte físico tradicional por el electrónico igualmente no está exenta de problemas. Cuando se cae la red telefónica o de Internet, o la página web con la que se realiza una transacción, es imposible realizar pagos en tiempo y forma. Además, todavía es relativamente fácil en cualquier país bloquear de manera remota una billetera digital, lo que expone a su usuario a potenciales robos u otros ilícitos por parte de desconocidos. Recientes episodios que han puesto en peligro a redes de eléctricos y otros servicios en otros países muestran que tanto Internet, como la World Wide Web, y todas las redes que las utilizan, son bastante vulnerables.
Otro problema práctico es el del efectivo control del (mal) uso de los datos personales por parte de los administradores de estas redes. Con relación a las huellas digitales u otras señales biométricas, una vez realizada la registración inicial el usuario no puede controlar materialmente el uso posterior de esa información. La evidencia de algunos países desarrollados sugiere que la tasa de error de los sistemas de identificación con huellas digitales es de 1%. Suena a un valor bajo pero en una población de 100 millones de personas, sugiere que 1 millón de ellas no tendrían asignada correctamente sus huellas, y quedarían fuera del uso de toda red de pagos que utilice ese sistema de identificación.
Esto es crítico en países donde la inclusión o exclusión de personas físicas o jurídicas al acceso a ciertos activos o transacciones pudiera estar centralizado en un ente público altamente discrecional. Un reciente (y pésimo) antecedente en nuestro país ha sido el “cepo cambiario”, por el cual la AFIP, no el BCRA, determinó entre noviembre de 2011 y diciembre de 2015 quién podía comprar moneda extranjera y para qué. Resultado: pérdida de confianza del público, aumento de la brecha entre dólar “blue” y oficial, y pérdida permanente de reservas internacionales. Obviamente, la primera medida de la actual administración fue la eliminación de ese régimen ineficiente.
Este simple ejemplo muestra que la expansión y aceptación de estos nuevos sistemas exigen confianza. Esta, a su vez, depende de la calidad de los marcos normativos para la prevención y castigo del mal uso de los datos personales y de la cada vez mayor variedad de “cyberdelitos”. En la medida en que no se genere suficiente confianza en los proveedores de estos servicios y en el resguardo de la información de los usuarios, la sustitución de efectivo físico por dinero electrónico será un proceso más dificultoso y lento que en otros países.
(*) Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la USAL
