Al momento de presentar la superley, desde el Gobierno se eligió enfocar la atención sobre aquella parte de la norma orientada a saldar las deudas previsionales contraídas con los jubilados por la mala liquidación de sus haberes. Si bien en un primer momento la medida generó un fuerte entusiasmo, la observación detenida de sus términos obliga a plantear algunos reparos. En este sentido, abogados previsionalistas consultados por este diario relativizaron el impacto de la norma y el grado de receptividad que podría tener entre los 3 M de jubilados en condiciones de acordar.
Para Julio Alberto Rodríguez Simón, del estudio Rodríguez Simón y asociados, “de acuerdo a los cálculos hechos hasta el momento el nivel de acogimiento debería ser bajo, dado que aproximadamente en el 25% de los casos calculados conviene aceptar la propuesta”. No todos los jubilados serán afectados de igual manera por la ley y, observando caso por caso, se advierte que el haber recalculado puede resultar igual, menor o mayor que el alcanzado con un juicio.
“Teniendo en cuenta los treinta casos de referencia, el que hizo juicio tiene derecho a un retroactivo de haberes mayor que el que le ofrece el Gobierno. Por ejemplo, si la persona tiene sentencia firme, la fecha inicial de pago se computa desde dos años hacia atrás del día en que hizo el reclamo administrativo ante la Anses. En cambio, con la propuesta se abona desde dos años contados desde la notificación de la demanda”, explicó Rodríguez Simón, y agregó: “Sólo en uno de los casos vistos el haber y el retroactivo son mayores que los que obtendría el jubilado de cumplirse con la sentencia”.
Los jubilados que tienen sentencia firme ?cerca de 60.000? son, de hecho, el segmento más reacio a aceptar el acuerdo. Los que están en juicio (alrededor de 300.000), por su parte, se les reconoce hasta cuatro años retroactividad aunque el reclamo sea más antiguo. En este caso, la aceptación o no de la oferta de Anses dependerá en parte de la antigüedad del reclamo y de la expectativa de vida de los reclamantes. Finalmente, a aquellos jubilados que no hicieron juicio pero podrían hacerlo (2.000.000) no se les reconoce la retroactividad, pero se les reajustará el ingreso en adelante.
Según los números del titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, el haber promedio de este último grupo pasaría de $7.000 a $10.000. Según Maite Pessarini, del estudio especializado en derecho previsional Pessarini, el nivel de acogimiento tendrá que ver con “la espalda” que tenga cada jubilado. “El que con su haber solamente paga sus impuestos y come obviamente va a ser más propenso a aceptar, aunque le signifique poco dinero”, dijo. Por otro lado, consideró que “los jubilados que pueden llegar a beneficiarse con la ley son los que nunca hicieron un reclamo, que van a tener un aumento en sus salarios, y los que estén iniciando juicios, porque tienen un camino muy largo por delante para terminar de cobrar el juicio al 100%”.
A diferencia de las sentencias, que se abonan íntegramente de una vez, los pagos dispuestos en la nueva norma se cancelarán en una cuota inicial del 50% del monto y el resto en 12 cuotas trimestrales. La fecha en la que podrían comenzar a hacerse efectivos todavía no está clara. Según explicó Rodríguez Simón, dependerá de la cantidad de adhesiones y del cronograma que siga la Anses, teniendo en cuenta que el sistema informático no permite cargar más de 100.000 novedades mensuales.
En un artículo reciente, el previsionalista Guillermo Jáuregui valoró la nueva ley en tanto mejora el estado de situación al agregar una tercera vía en donde existen sólo dos: “soportar la confiscación o entrar en un pleito de seis o más años de duración”.
De todos modos, planteó reparos frente a la posibilidad de que este acuerdo ?que es voluntario y debe ser ratificado caso por caso? implique algún tipo de restricción de derechos para aquellos que no acepten la oferta y quieran continuar con sus juicios o esperar el pago de una sentencia. “Si ello llegara a ocurrir, la ley podrá ser considerada una artimaña legal”, advirtió.
