El titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, dio precisiones sobre los artículos de la superley votada el miércoles que atañen al pago a los jubilados y aseguró que la nueva norma mejorará la situación de 2,4 millones de personas. Según dijo, el pago de las sentencias adeudadas o en trámite comenzarán a concretarse en septiembre y para fin de año se habrán pagado 400.000, a razón de 100.000 por mes. Por otra parte, el funcionario aseguró que el reajuste de haberes rondará el 45%, llevando el promedio de $10.000 a $14.500.
En una conferencia de prensa ofrecida junto a su equipo en la sede central de la Anses, Basavilbaso especificó las medidas que afectarán a los jubilados en cada situación particular.
Aquellos que tengan sentencia firme por el incorrecto reajuste de sus haberes cobrarán retroactividades desde dos años atrás desde la notificación de la demanda de juicio a la Anses. En el caso de aquellos que hicieron juicio y no tienen aún sentencia firme se les acomodará su jubilación hacia adelante, a la vez que se pagarán las retroactividades por cuatro años. En ambos casos, la mitad del retroactivo se pagará inmediatamente y en efectivo después de ratificado el acuerdo y la otra mitad en doce cuotas trimestrales.
“Los que no hicieron juicio por asimetrías en la información o por no contar con los recursos para contratar un abogado también serán incluidos en el programa porque les corresponde el derecho”, agregó Basavilbaso para referirse a que podrán acceder al reajuste de haber mensual, pero desde la fecha de ingreso al programa.
El funcionario estimó que el total de los tres grupos es de 2,4 millones de jubilados de todo el país, para quienes los haberes se aumentarán alrededor del 40%. El aumento no se desprende del ajuste corriente (que, tal como marca la ley de movilidadad, se mantiene automáticamente dos veces por año), sino mediante los criterios establecidos por la Corte Suprema en sus fallos.
De todos modos, vale recordar que el beneficio no es automático sino voluntario y requiere la renuncia por parte de los jubilados a iniciar nuevas demandas contra la Anses y la homologación en sede judicial del acuerdo caso por caso.
De los 400.000 acuerdos que el Gobierno espera poder firmar este año, se dará prioridad a los mayores de 80 años, a los “enfermos graves” y, según dijo Basavilbaso, se intentará incluir también a los jubilados que cobran el haber mínimo, que son aproximadamente 600.000.
El director de la Anses precisó que “desde el 1° de septiembre los jubilados incluidos en la ley podrán dar vía Internet el conforme para el acuerdo, y a partir de ese momento se transfiere a la Justicia y se paga correctamente”. De todos modos, desde ayer los jubilados pueden ir ingresando a la web con su clave de la seguridad social y actualizar sus datos para que la Anses se ponga en contacto con cada uno y le informe el acuerdo que le corresponde.
Respecto a la fuente de financiación, especificó que se utilizarán los recursos que provengan del blanqueo de capitales, pero que el programa “no depende de él”. La principal fuente de financiación ?según precisó? será la ganancia que tenga el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que genera más de $70.000 millones en forma anual. “Vamos a utilizar esa ganancia, que antes se utilizaba para financiar distintos proyectos que nada tenían que ver con los jubilados para pagar los juicios”, señaló.
