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“La judicialización es una forma adicional de hacer política”

Entrevista a Catalina Smulovitz, Politóloga y vicerrectora de la Universidad Torcuato Di Tella.

29 julio de 2016

Entrevista a Catalina Smulovitz, Politóloga y vicerrectora de la Universidad Torcuato Di Tella.

Existe un término que parece haber acentuado su incidencia en los análisis de los últimos tiempos: la judicialización de la política. ¿Existe tal cosa? ¿Para qué casos utilizaría el término?

Es un fenómeno que existe como tal y tiene distintos tipos de manifestaciones. Pero no es exclusivamente local. Las acepciones del término, de todos modos, son variadas. En el periodismo, sobre todo en el último tiempo, se la utiliza para referirse a las venganzas políticas o a las formas de pasar facturas. En la literatura especializada, en tanto, se la utiliza con un sentido más amplio. Y se refiere más al uso de los tribunales superiores para reformular derechos constitucionales y al uso de la justicia ordinaria para incidir sobre políticas públicas. Aquí se da de manera más difundida respecto de esta segunda forma. Por ejemplo, la disputa previsional. O el uso de los amparos que se dio a partir del corralito. O, ahora, con la cuestión de las tarifas o la base de datos de la Anses. Pero también respecto de algunos derechos sociales incoporados en la Constitución de 1994 que son vulnerados. Por cuanto el uso de la judicialización es más amplio que el mero conflicto político de denuncias cruzadas de corrupción.

Esta judicialización, ¿se puede pensar también como un recurso político de la oposición a modo de cierto reemplazo de la acción política, en tanto incapacidad, en tanto imposibilidad?

Sucedió durante la gestión anterior, también. Más que reemplazo diría forma adicional de hacer política. Sí es cierto que es un recurso que utiliza aquel que está en una situación de debilidad. En ese sentido, la oposición está en esa situación circunstancial. Pero en el caso de las demandas por derechos sociales, por ejemplo, son actores más débiles aún, que no tienen acceso a sus representantes, o que no son una mayoría lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de ellos. Por lo tanto, utilizan el mecamismo judicial.

¿Considera que existe un mayor cuestionamiento del Poder Judicial argentino y de la idea de justicia en este contexto?

Las encuestas sobre el sistema judicial, sobre todo aquellas que se refieren a confianza en la Justicia, muestran niveles bajos de confianza. Pero esto sucede desde que tenemos encuestas. Es decir, desde la última transición democrática. Con algún que otro pico diferenciado de confianza. Lo que también hay que decir es que, si se mira en comparación con países más desarrollados, los niveles tienden a ser parecidos. Esto no quiere decir, por cierto, que no haya razones particulares por las cuales la confianza pueda estar justificada. Ahora, si se mira la conducta de las personas en relación a la Justica; esto es, si se sigue recurriendo a la ella para hacer sus reclamos, ahí no es tan desestimada como los otros indicadores parecerían señalar. Simultáneamente a esa baja de confianza, también se observa un creciente uso del sistema judicial, tanto en las causas ordinarias federales como en las provinciales, desde los años ochenta a la fecha.

¿Cuáles son las déficit más importantes que tiene hoy la Justicia argentina? ¿Cuáles mencionaría?

En cuanto al funcionamiento mismo del sistema judicial, el hecho de que los jueces no tengan la posibilidad de priorizar el tratamiento de las causas por el nivel de relevancia hace que causas menores impidan la rápida resolución de causas más urgentes o relevantes. Se utiliza como justificación posible respecto a por qué los jueces, a veces, no logran fallar en tiempo y forma, y por qué se generan demoras o congestiones en el sistema. En cuanto a cómo se relaciona la Justicia con sus usuarios mencionaría como problema la cuestión del acceso. Si bien en los últimos tiempos aparecieron algunas innovaciones en este sentido, el porcentaje de causas que requieren la intervención de defensores públicos, tanto a nivel federal como provinciales, es muy alto. Y la provisión de defensa tiende a ser insuficiente y, sobre todo, concentrada en causas penales. Por lo tanto, es un problema de desigualdad. Después cada una de las provincias tiene su justicia, por la naturaleza misma del sistema federal argentino. Y eso también marca cierta dispersión o heterogeneidad en la forma en que se proveen servicios judiciales. Usted suele señalar que existe una Justicia atravesada por cierta misoginia. ¿Cuánto se ha avanzado respecto a eso? El caso Belén en Tucumán (un fallo condenó a ocho años a una joven que se realizó un aborto) es un caso claro de eso. Si se mira la forma en que se caratulan casos de violencia doméstica bajo la forma de otro tipo de delitos, también. De todos modos, si bien estoy mencionando algunas evidencias circunstanciales, sería conveniente hacer un estudio más pormenorizado y sistemático sobre las características de los fallos frente a este tipo de cuestiones.

Durante los años anteriores, la Corte Suprema había recuperado cierto halo de prestigio. Las disputas durante la etapa final de kirchnerismo, algunos fallos y los cambios en su composición pusieron en cuestión esta idea. ¿Qué Corte tenemos hoy, con las nuevas incorporaciones?

En el período kirchnerista hubo una serie de innovaciones, sobre todo al principio, que fueron muy relevantes. La Corte venía de una situación de gran desprestigio y, al inicio del gobierno de Néstor Kirchner, el decreto 222 determinó saludablemente los nuevos procedimientos para elegir a los jueces del tribunal, que dio mayor legitimidad al proceso y mayor transparencia. A su vez, la Corte también incorporó mecanismos para explicar sus sentecias a la población, que la hicieron más cercana, con un vínculo comunicacional más directo. Estas dos cosas, más algunas decisiones importantes que tomó, permitieron el aumento de ese prestigio. Luego, es cierto, se dio un conflicto mayor con el poder político. Pero, otra vez, no somos excepción en el mundo, más allá de nuestras particularidades. Si se hacen estudios comparados, esta situación no es muy distinta a la que se da en otros países. Las autoridades políticas intentan avanzar sobre el poder de la Corte, y éstas, como no controlan ni la espada ni el bolsillo, como diría Alexander Hamilton, apelan a la opinión pública. No estoy diciendo que, como ocurre en otros lados, esté bien o que sea normal; sí digo que las tensiones entre poder político y Corte Suprema son un fenómeno habitual.

¿Y respecto de la nueva Corte? ¿Se pueden esperar innovaciones doctrinarias, por ejemplo?

No me atrevería a hacer pronósticos. Digo sí que fue una muy mala decisión inicial del gobierno de Mauricio Macri utilizar un procedimiento tan poco ortodoxo, tan poco afortunado, para designar a sus nuevos miembros. De hecho, la oposición que tuvo hizo que volviera al procedimiento contemplado como necesario. Los dos jueces que fueron finalmente designados (Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti) tiene un curruculum importante, sus orientaciones ideológicas son diversas, de modo que no fueron cuestionados.

Respecto del nuevo ciclo político, ¿qué logra avizorar en términos de relaciones entre Estado, poder político y sociedad, más allá del caso de la Corte?

Cómo se manejó el Gobierno hasta aquí respecto de la procuradora (Alejandra Gils Carbó) también es cuestionable. Más allá de lo que cada uno piense sobre ella. El cuestionamiento que se hace es político y no procedimental. Y, otra vez, desde el momento en que la discusión sobre los funcionarios judiciales se politiza, toda la discusión sobre la justicia corre el mismo camino. Entonces, esto aparece un poco contradictorio con el discurso y la promesa de prolijidad institucional que traía Cambiemos. Por otra parte, la propuesta sobre la auditoría que haría el Consejo de la Magistratura sobre los jueces federales me parece que es un arma de doble filo. Las dos decisiones chocan contra esa idea. Por un lado, es interesante que el Consejo haga uso de sus funciones de control y supervisión del comportamiento y la performance de los jueces, pero también es cierto que puede ser un mecanismo de amenaza futura al tipo de decisiones que se tomen. Respecto de otras iniciativas, muchas de ellas están todavía en estado embrionario como para opinar sobre ellas.

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