Uno es porteño y se formó en la Universidad de Buenos Aires, aunque obtuvo su doctorado en la Universidad de Yale y fue profesor en la New York University, entre otras. El otro es santafesino, recibido en la Universidad Nacional del Litoral. Ambos, desde ayer, son los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Carlos Rosenkrantz fue el más resistido entre los candidatos. Abogado desde 1983, se desempeña desde 1998 como Rector de la Universidad de San Andrés. En 1984 fue asesor del presidente Raúl Alfonsín en el Consejo para la Consolidación para la Democracia. Luego, consejero del Programa para la Justicia del Banco Mundial. Tuvo participación en la Convención Constituyente, como apoyo técnico de algunos convencionales. También fue docente en la Richmond School of Law y en la Denver University (todas estadounidenses); en la Universitat Pompeu Fabra, España; y en la UBA. Su labor fue siempre en el ámbito del derecho privado. El principal cuestionamiento estuvo ligado a su actividad profesional, como representante de grandes empresas. Entre ellos, el Grupo Clarín.
Horacio Rosatti, en cambio, tuvo siempre un perfil más político. Entre 1995 y 1999 fue intendente de Santa Fe por el Partido Justicialista, y en 1994 había participado como Convencional Constituyente por Santa Fe en la reforma de la Constitución Nacional. Años más tarde, entre 2004 y 2005, fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Luego de ser intendentes y antes de ser ministro, se desempeñó como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe. Y, más tarde, como Procurador del Tesoro de la Nación.
Precisamente, tiene una extensa carrera académica en la que se destaca su autoría de unos veinte libros y numerosas publicaciones de artículos diversos vinculados al derecho. De hecho, fue condecorado en 1987 con el Premio Bernardo Houssay a la investigación en ciencias políticas y derecho constitucional otorgado por el Conicet.
Habían sido designados para integrar la Corte el 15 de diciembre pasado, cinco días después de la asunción de Mauricio Macri como Presidente. Fue a través del decreto 83/2015, cuestionado en su momento. Desde ayer forman parte del máximo tribunal Justicia con el aval mayoritario de ambas Cámaras del Congreso.
