por Héctor Rubini (*)
La detención en un convento de monjas de un ex funcionario kirchnerista con bolsos llenos de dinero de origen desconocido ha generado repercusiones que no terminarán en esta semana. En el costo plazo, ha puesto al borde del abismo a las expectativas del FpV de erigirse como nuevo líder del peronismo y, más aún, de toda oposición a Mauricio Macri. En el largo plazo, sin embargo, ofrece una noticia que es buena para los ciudadanos comunes, y atemorizante para los políticos, hoy en el Gobierno y fuera de él: las tecnologías de la comunicación y la informática avanzan inexorablemente rumbo a la destrucción total del secretismo de los funcionarios públicos.
Los regímenes autoritarios que aparecen inicialmente en la Europa de principios del Siglo XX y los populismos de las últimas cinco o seis décadas tienen varios puntos en común. Tanto el colectivismo estatista del socialismo marxista, como el fascismo mussoliniano o el régimen criminal del nazismo, tienen algo en común con los populismos que aparecieron en países de América Latina y Asia, y luego cada tanto afloran en otros continentes: el secretismo y la no rendición de cuentas. Y los instrumentos esenciales son tres: supremacía, explícita o no, del Poder Ejecutivo sobre los demás, especialmente sobre el judicial; cercenamiento o combate explícito a la prensa libre y a la libre expresión y, por último, predominio de controles del Estado sobre los mecanismos de mercado.
Los resultados no han sido satisfactorios. Los regímenes que no cayeron por guerras con otros países, implosionaron y optaron por instituciones capitalistas (caso del ex bloque soviético), o desembocaron en crisis económicas que condujeron, o aceleraron, crisis políticas que condujeron al abandono de instituciones anticapitalistas, y a una profunda reforma del Estado ante el descubrimiento de corruptelas de todo tipo.
La experiencia mundial no permite realizar una clasificación taxativa, ni tampoco una asociar reformas con éxitos y a bajo costo. La República Popular China quizás sea el único ejemplo relativamente exitoso de mantenimiento de un régimen político no democrático y sin plenas libertades individuales con instituciones capitalistas introducidas de manera gradual. El llamado Big Bang de reformas de shock de Rusia no condujo a un régimen totalmente satisfactorio ni liberal. Si bien se mantienen las instituciones del capitalismo, los objetivos originales de las reformas previas de Mijail Gorbachov quedaron en buena medida desvirtuadas. Si bien para la población rusa las reformas iniciadas en su mandato no modificaron la herencia económica desastrosa del régimen comunista, los objetivos de combinar perestroika (reestructuración) y glasnost (transparencia) apuntaban a evitar lo que finalmente ocurrió: la consolidación de lo que hoy llamamos crony capitalism. Esto es, un sistema en el cual funcionarios públicos y empresarios con buenos contacto se enriquecen a costa del resto de la población, a través de contrataciones de obras y prestaciones de servicios nada transparentes.
El crony capitalism, se ha traducido al español como capitalismo de amigos, en el sentido de amigos del poder. Pero literalmente significa capitalismo de compinches o secuaces. No se refiere a la operatoria de contratistas que compiten en licitaciones por subsidios o prebendas. Y depende de manera fundamental del tipo de regulaciones, su aplicación y cómo lo perciben los habituales zorros rondando el gallinero que se involucran en hechos conocidos genéricamente como de corrupción.
Como bien lo señalaba el profesor Alfredo Canavese 14 años atrás, la conducta de corruptos y corruptores, y su generalización, depende de la percepción y cálculo (explícito o no) de los costos y beneficios de participar en asociaciones o conductas non sanctas. Ese cálculo y su valoración subjetiva no es independiente del tipo de instituciones o reglas de juego existentes para desincentivar o castigar estas conductas altamente costosas para toda la sociedad.
Los resultados pueden ser múltiples. En algunos casos el castigo (ex post) a hechos de corrupción no necesariamente conduce a una mejor asignación de recursos. En otros, la competencia entre corruptos podría llevar a una asignación de recursos mejor que la unión o cartelización de corruptores y corruptos. Pero puede imaginarse un caso hipotético en el que varios corruptos que obtienen una licencia o derecho para uso exclusivo de un recurso se comporten como una coalición y se repartan los beneficios de explotarlo en su propio provecho. La creación final de riqueza podría ser superior a un caso de corruptos descoordinados, de modo que el crimen organizado proveería una solución algo superior a otra de crimen desorganizado.
Como bien señalaba Canavese, los expertos en administración suelen promover el aumento de las remuneraciones de quienes están expuestos a corromperse para aumentarles el costo de oportunidad de cometer ese delito; los estudiosos del derecho recomiendan el aumento de las penas, de su cumplimiento y del esfuerzo por detectar y condenar actos de corrupción que también implica aumentar el costo del delito; por último, los economistas se inclinan por recomendar la construcción de instituciones que promuevan la competencia.
Trasladado este diagnóstico a la práctica, nos encontramos con que no siempre estos tres enfoques coinciden en recomendar las mismas soluciones. La solución de los expertos en administración está condicionada a los incentivos alternativos de aceptar dádivas o no. La solución de los expertos en derecho, del tipo de penas y de los atajos para reducirlas o eludirlas (además del grado de ecuanimidad y justicia que emane de los fallos judiciales), y la solución económica exige grados de transparencia y de reducción de costos de transacción que políticamente quizá resulten imposibles.
En el caso argentino, y en particular en relación con la realidad actual, es más que claro que incentivar inversiones y recuperar el sendero del crecimiento exige no sólo ciertas seguridades jurídicas, sino reglas de juego que desalienten prácticas corruptas como las que cada tanto se descubren, y sin castigo ejemplificador hasta ahora sobre nadie.
Cualquier propuesta de reforma para combatir y desalentar la corrupción exigirá conciliar esos enfoques, y obviamente, un debate hasta ahora inexistente, para formular propuestas que pongan punto final a estas prácticas cuyos costos los pagamos todos. Y, en mayor medida, los sectores de menores ingresos.
(*) Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la USAL
