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Diputados aprobaron medidas de seguridad

Con críticas del FpV, Cambiemos logró darle media sanción a los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo.

02 junio de 2016

Con la ayuda de sectores de la oposición, Cambiemos consiguió ayer dar media sanción y enviar al Senado el proyecto de ley que establece el régimen de procedimiento para los casos de flagrancia y otro que crea nuevas técnicas especiales de investigación policial, ambas iniciativas del Gobierno. La propuesta de flagrancia fue aprobada por 171 votos a favor, 11 en contra y 9 abstenciones, que correspondieron a legisladores por el Frente para la Victoria. La propuesta que modifica el Código Procesal Penal establece un mecanismo que sólo es aplicable para aquellos casos cuya pena máxima no supere los 20 años de prisión, y el tribunal tendrá 20 días para fijar la fecha del juicio. La medida tiene como objetivo lograr un juzgamiento rápido de los delitos en los cuales sus autores son aprehendidos en el momento mismo de su realización.

El proyecto de nuevas técnicas de investigación fue sancionado por 129 votos afirmativos, 9 negativos y tres abstenciones. La iniciativa crea las figuras de agente encubierto, agente revelador, informante, pero el oficialismo evitó incluir al arrepentido al no alcanzar los consensos con la oposición.

El Frente para la Victoria abandonó el recinto durante la votación del proyecto que promueve, entre otras medidas, la creación del agente encubierto porque consideraba que la iniciativa era “insalvable” y por la negativa del Cambiemos de aceptar las modificaciones. “Preferimos no ser funcionales a la votación”, señaló la diputada Diana Conti. Asimismo, justificó el rechazo al proyecto que crea las figuras especiales para las investigaciones al señalar que “se busca volver a la vieja dinámica donde los dueños de la investigación son los policías, con un leve control del juez”.

El Frente Renovador acompañó ambos proyectos, que fueron rechazados por el FpV, el progresismo y la Izquierda. Estas propuestas forman parte de un paquete de medidas que el presidente Macri envió al Congreso a principios de abril y presentadas en comisión por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. De los proyectos, habían sido excluidas la reforma del Ministerio Público Fiscal y la regulación de la figura del arrepentido para casos de corrupción. La reforma, proponía recortar a cuatro años el mandato del procurador, hoy a cargo de Alejandra Gils Carbó y facilitaba el proceso de juicio político para su remoción.

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