La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, estuvo ayer en el Congreso Nacional para sumar apoyos a su reclamo por más fondos para la provincia que gobierna, con el argumento de que el distrito es desfavorecido por la distribución de recursos y con el hecho objetivo del déficit que atraviesa las arcas de su Estado. Por la “herencia recibida”, como suele decir la gobernadora. Pero también por el propio carácter estructural de ese déficit. La posibilidad de reactivar o “descongelar” el Fondo de Reparación Histórico del Conurbano es la opción que parece más a mano para lograr el objetivo, más allá de que se estén evaluando otras posibilidades, según lo permita la ingeniería legislativa existente y las posibilidades del Estado Nacional.
“A todos nos importa lo mismo, agradezco a todos los intendentes que nos acompañan en este pedido”, remarcó la funcionaria, al anunciar el acuerdo para trabajar “en un proyecto conjunto con los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires”. “La provincia ha sido históricamente discriminada durante casi toda la democracia”, dijo al término del encuentro, acompañada por dirigentes de distintas fuerzas, y luego de un día ciertamente agitado para ella, con respaldos varios, como el que tuvo en el Congreso y con la aprobación de la Emergencia Administrativa, en la legislatura provincial, pero también con reclamos, protestas callejeras y desmanes en las calles platenses.
Presencias
Junto a Vidal estuvieron el vicegobernador Daniel Salvador; el jefe de Gabinete, Federico Salvai; el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza; y Federico Suárez, secretario de Comunicación de su gestión. Entre los intendentes, también ocuparon los primeros planos Diego Valenzuela, de Tres de Febrero; y Jorge Macri, de Vicente López, ambos del mismo espacio político de la gobernadora. Pero también a peronistas Alejandro Granados, intendente de Ezeiza, y Martín Insaurralde, jefe comunal de Lomas de Zamora, entre otros. La representación legislativa, por su parte, estuvo encabezada por el titular de la Cámara Baja, Emilio Monzó, quien ocupó un espacio importante en la exposición de los argumentos del Ejecutivo provincial, y legisladores como Ricardo Alfonsín y Miguel Bazze, por la Unión Cívica Radical y los diputados del Frente Renovador Graciela Camaño y Felipe Sola, exgobernador del distrito, y con conocimiento sobre las dificultades de las arcas bonaerenses.
Entre los diputados bonaerenses del Frente para la Victoria, entretanto, hubo alguna controversia sobre si participar o no del encuentro. Saben sobre las dificultades estructurales que tienen la provincia y estarían dispuestos a avanzar en un apoyo parcial del reclamo. Un grupo de diputados asistió al evento en representación del bloque, pero no participaron mayormente de los flashes y las luces de la conferencia posterior. Entre los asistentes, por caso, estuvo Cristina Alvarez Rodríguez, funcionaria del gobierno precedente de Daniel Scioli. No obstante eso, diputados provinciales del universo peronista-kirchnerista como Fernando “Chino” Navarro, Walter Abarca o Valeria Amendolara, por caso, ya habían dado su apoyo, personalmente.
Reclamo
El gobierno bonaerense busca modificar la ley que congeló en 1996 el famoso Fondo de Reparación Histórico del Conurbano, eliminar el tope (quedó en 650 millones) y percibir la totalidad del denominado Fondo del Conurbano, que actualizado al 2016 representa 47 mil millones de pesos. También solicitan que lleguen a la provincia los ingresos que le corresponden por la cantidad de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas.
Vidal llegó al Congreso Nacional luego de recibir un respaldo en la Legislatura provincial por parte de todos los bloques, y con el reclamo de la “discriminación histórica” hacia Buenos Aires, porque en la actualidad recibe únicamente el 1 %del mencionado fondo, mientras que el resto se reparte entre las otras provincias. En el entorno de la mandataria bonaerense señalaron la necesidad de eliminar el tope de 650 millones de pesos para equilibrar la economía y financiar las obras que necesita la provincia.
En ese sentido, el reclamo de Vidal nació con su gobierno mismo. En una de sus primeras entrevistas como gobernadora, ya había dejada en claro el tema: “La Provincia aporta el 35% del producto bruto, y recibe menos del 18% de los recursos coparticipables”, le dijo en diciembre pasado a La Nación. La pertenencia al mismo partido de gobierno a nivel nacional y la pronta coalición de acuerdos que pudo establecer con sectores opositores (el Frente Renovador, en especial) marcan los tiempos de la petición. Pero siguió presente.
En la semana, una carta al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, reactivó el reclamo. “Estos fondos que no se percibieron significan escuelas, hospitales, rutas, agua potable, cloacas, obras hídricas, que la provincia no tuvo ni tiene. Los ciudadanos de la provincia no pueden seguir esperando”, agregó Vidal en el texto. “La provincia tiene que recuperar los fondos que perdió. Mi obligación es defender esos fondos y hacer todo lo posible por recuperarlos”, había dicho días antes.
Emergencia y conflicto
En este contexto de necesidades y acuerdos posibles, Vidal tuvo la aprobación de la Ley de Emergencia Administrativa solicitada a la Legislatura y, a su vez, una movilización masiva frente al palacio donde se llevaba a cabo la discusión que terminó en incidentes.
El proyecto, aprobado hace 20 días en el Senado, declara la emergencia administrativa y tecnológica en la administración pública provincial y busca agilizar y transparentar los procesos de licitación en la provisión de bienes y servicios. Para ello, durante la vigencia de la emergencia, que será por un año, reducir los plazos de las licitaciones públicas que actualmente demoran alrededor de seis meses para la adquisición de bienes y servicios de las diferentes áreas del Estado provincial.
De la movilización participaron estatales de todos los sectores, de Asociación de Trabajadores del Estado, Soeme y Aemopba; docentes de Suteba, FEB, Sadop y Udocba, y judiciales nucleados en la en la Asociación Judicial Bonaerense. También marcharon los médicos y profesionales de la salud de CICOP, el sindicato policial Sipoba, la comisión gremial del Bapro, el Sindicato de Conductores de Taxi de La Plata, la Federación Universitaria platense, Polo Obrero y Quebracho, entre otras organizaciones gremiales y sociales.
