Por José Castillo (Miembro de Economistas de Izquierda)
El debate sobre los despidos ha entrado en la agenda de política económica. Esta discusión se ha recalentado a partir de la presentación de diversos proyectos de ley antidespidos. El Gobierno ha intentado contraatacar con la presentación de su plan de empleo joven.
Efectivamente, la franja etarea de 18 a 24 años está en una gravísima situación frente al mercado de trabajo, con una tasa de desempleo que triplica y un trabajo en negro que duplica la media general. Es correcto que existan políticas focalizadas de empleo juvenil. Ese no es el debate.
El problema es la política propuesta. El programa plantea reducciones en las cargas sociales para las empresas que tomen jóvenes que ingresan al trabajo formal durante los tres primeros años. O sea, se busca fomentar el empleo juvenil por medio de la reducción del costo salarial empresario.
Si comparamos esto con la cerrada negativa a cualquier legislación antidespido (doble indemnización o lo que fuera), tenemos el cuadro completo: más costo salarial ahuyentaría el empleo y menores costos salariales propenderían a incrementar la demanda de trabajo.
Es muy importante focalizarse en esto: estamos frente a la tradicional visión neoclásica del mercado de trabajo, según la cual existencia de desempleo se debe a un desequilibrio entre oferta y demanda de dicho mercado y se resuelve flexibilizándolo, ya que es muy rígido. El nuevo equilibrio se alcanza a un nivel salarial más bajo. El incremento de empleo con salario ascendente sólo se alcanzaría con incrementos de la productividad del trabajo.
La evidencia empírica es que esto no ha sucedido así. Los programas de flexibilización laboral nunca resolvieron los problemas de desempleo. Ahí tenemos como ejemplos las políticas de reducción de contribuciones patronales que se implementaron tanto con José A. Martínez de Hoz en los '70 como con Domingo Cavallo en los '90. Quizás muchos argumenten que no fueron lo suficientemente flexibilizadoras.
Este artículo propone una visión radicalmente opuesta. Tanto desde las visiones keynesianas como de las marxistas se explica que la caída del empleo no se debe a la rigidez del mercado de trabajo sino al descenso del nivel de actividad económica (la “demanda efectiva” keynesiana o la “crisis de realización” marxista). La salida entonces pasa por preservar activamente los puestos de trabajo (de ahí la importancia de la prohibición de los despidos), desarrollar políticas activas de promoción del primer empleo (establecimientos de cupos y/o políticas de formación específicas financiadas por el Estado), fundamentalmente para garantizar que no siga cayendo la demanda efectiva. Y desde ahí incrementar el nivel de actividad aumentando (en vez de disminuir) el poder adquisitivo del salario y así el tamaño del mercado interno. Los incrementos de productividad del trabajo sólo pueden darse en el marco de este círculo virtuoso, no con niveles de desempleo estructural que, sostenidas en el tiempo, destruyen las capacidades de los trabajadores.
La otra opción, la de la inversión extranjera que llega a partir de tener garantizados costos salariales bajos, con el objetivo de producir bienes exportables, solo dan como resultado modelos de economía de enclave que de ninguna manera pueden garantizar pleno empleo para el total de la clase trabajadora argentina.
