por Martín Vauthier y Federico Furiase (*)
La decisión acerca del sesgo de la política monetaria pone al BCRA frente al clásico dilema de un banco central que transita el camino de metas de inflación: entre seguir construyendo reputación para coordinar expectativas y desvincular el proceso de formación de precios de la inflación pasada (la inercia), el movimiento del dólar (ausencia de moneda local que cumpla el rol de reserva de valor) y la corrección de precios relativos (el problema estructural), lo que implicaría continuar sosteniendo tasas elevadas hasta tanto la inflación no ingrese en un sendero decreciente con certeza, o bien, oxigenar el nivel de actividad aprovechando la siesta que se está tomando el dólar frente al arranque de la cosecha y la entrada de los capitales, para bajar algo más las tasas y moderar la recesión.
Este dilema, que suele traducirse en contrapuntos con los ministerios de Hacienda y con buena parte del ala política de los gobiernos, es frecuente en todos los paises con esquemas de metas de inflación explícitos o implícitos y donde los bancos centrales apuntan a disponer de algún tipo de autonomía. Es justamente la capacidad de los bancos centrales de resistir las presiones lo que termina definiendo en buena medida la reputación y credibilidad de la autoridad monetaria, aunque esto no implica que no pueda existir algún grado de coordinación con el resto de la política económica.
En Argentina, y más allá de las discusiones sobre la oportunidad de iniciar la transición a un esquema de metas de inflación, recurriendo explícitamente al manejo de la tasa de interés de corto plazo como único mecanismo de política monetaria (i.e. minimizando las intervenciones en el mercado de cambios en un país en el que hasta hace pocos meses regía el cepo), en medio de un proceso de corrección de precios relativos, existe otro desafío no menor a la hora de elegir transitar este camino en este contexto, y que plantea algunos interrogantes en torno a la coordinación con el resto de la política.
Puntualmente, en Argentina se optó por iniciar un esquema de metas de inflación no sólo sin disponer de un índice de precios oficial y fácilmente accesible para los agentes (la transparencia es una condición necesaria en cualquier esquema de metas), sino también recurriendo a una “nflación núcleo que en la Argentina presenta algunas complejidades.
De por sí, la falta de un índice oficial público lleva a que el BCRA sustente sus decisiones de política monetaria en “diversas fuentes oficiales y privadas” que no especifica, lo que genera una dificultad no menor para evaluar el compromiso real del banco con la meta de inflación. Adicionalmente, la inflación núcleo, tomando la definición del Indec a mediados de la década pasada, constituye la dinámica del nivel general de precios excluyendo bienes y servicios definidos como regulados o estacionales.
No obstante, en la Argentina (y particularmente en un contexto de inflación moderada/alta) existen númerosos servicios con alta ponderación en el índice que se encuentran incluidos dentro de la canasta de inflación núcleo pero ajustan sus precios en forma discreta en meses puntuales del año (e.g. cuotas de colegios, medicina prepaga o expensas de edificios), lo que les termina otorgando algunas características de estacionales. Esta característica no se trata de una condición intrínseca del bien o servicio (como puede ser la volatilidad en frutas y verduras debido a factores climáticos), sino que depende fundamentalmente de factores políticos, económicos y de puja distributiva que terminan escapando a las definiciones incluídas en los índices.
A modo de ejemplo, el rubro educación suele presentar una mayor estacionalidad en marzo (actualización de cuotas de colegios), lo que podría llevar a confusión en la comparación de la inflación core frente a febrero (reflejando una aparente aceleración de la inflación core en marzo frente a febrero) o abril (reflejando una aparente desaceleración frente a marzo) de no tenerse en cuenta dicho efecto. Por otro lado, si bien la suba de los combustibles y de los cigarrillos de mayo quedarían excluidas en al cálculo de la inflación core según esta metodología (al estar dentro del grupo de precio de bienes regulados y con alto componente impositivo, respectivamente), el anuncio de aumento discreto en prepagas (15% en junio y 5% en julio, según lo trascendido) podría presionar sobre la inflación core y poner un piso al sendero bajista de la tasa de interés del BCRA si continúa con esta metodología.
Por estos motivos, y siempre aclarando que el bolsillo del consumidor es agnóstico a la inflación core y sensible a la inflación general, si bien acompañamos la decisión de transitar hacia un esquema de metas de inflación, creemos que el BCRA todavía debe avanzar en la transparencia necesaria para encarar el esquema en forma exitosa, explicitando el/los índice/s a evaluar para decidir el curso de la política monetaria, e intentando recurrir a medidas que permitan aproximar en forma razonable la dinámica de la inflación macroeconómica. La presentación formal del esquema, anunciada para septiembre, es una buena oportunidad para ello.
(*) Economistas del Estudio Bein.
