por Héctor Rubini (*)
La salida de Dilma Rousseff del poder es ya irreversible. Nadie apuesta a que salga airosa del juicio político que le espera en los próximos seis meses, pero el escenario político que se configura en Brasil a partir de ahora no le será fácil de manejar al presidente interino Michel Temer. Todo es posible a partir de ahora: que Temer complete el mandato de Dilma, que llame a elecciones anticipadas, o que nuevas revelaciones y avances de la investigación Lava Jato termine antes de lo esperado con este Gobierno provisional.
Lo que no puede ignorarse es que después del triunfo de Mauricio Macri en las elecciones del año pasado, la salida de Dilma y del PT del control del poder en Brasil marca un punto de inflexión. Quince años de experiencias populistas terminaron dejando no pocos problemas sin resolver en la región, focos de corrupción de todo tipo, finanzas públicas maltrechas, y una incipiente decepción de quienes confiaron en las propuestas del llamado “progresismo”. Recordando las palabras que aparecen en la bandera brasileña, el Gobierno de Dilma Rousseff no deja, precisamente, un país en orden, ni con indicadores de progreso real.
Bovespa y desafíos
Esto no es novedad para nadie. Si bien en los últimos meses se observa una baja del riesgo país, y un buen comportamiento del índice Bovespa, en definitiva no es más que el reflejo de la expectativa de que Rousseff, tarde o temprano, iba a caer (o el efecto “Chau Dilma”). Pero de la economía competitiva, en crecimiento y con una redistribución de ingresos eficaz, y en línea con una suerte de círculo virtuoso del primer mandato de Lula Da Silva, no queda ni el recuerdo.
Los últimos datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística muestran que sobre 15 sectores proveedores de servicios, en los últimos 12 meses la actividad mostró crecimiento positivo sólo en dos: transporte acuático y transporte aéreo. Desde mediados de 2014 las ventas minoristas desestacionalizadas no dejan de descender y al mes de marzo el nivel total de ventas minoristas acumularon una caída de 7% desde fin de 2015 (-5,7% interanual), con caídas superiores al 10% en casi todos los tipos de bienes durables, libros y revistas, combustibles y lubricantes, materiales de construcción, vehículos, textiles, confecciones y calzado.
Si bien se espera una recuperación de cierto crecimiento y menor inflación para el año próximo, el futuro dependerá de si Henrique Meirelles, nuevo ministro de Hacienda, implementará un programa de ajuste fiscal tan o más profundo que el que Joaquim Levy no pudo aplicar el año pasado. ¿El motor de la reactivación será un programa de nuevas concesiones para el sector privado para revitalizar la construcción de obras de infraestructura? ¿Es factible pensar en eso cuando no pocos contratistas del Estado están o pueden estar salpicados por la investigación Lava Jato? Y más aún, si avanza con celeridad el juez Sergio Moro, y se descubren nuevas evidencias y ramificaciones, ¿cuál sería el destino de las eventuales reformas si llegara a tambalear el propio Temer? Una renuncia del nuevo gabinete y/o un llamado a elecciones anticipadas no sería improbable. Tampoco una nueva interrupción a todo intento de ordenamiento fiscal y administrativo en serio, como intentó sin éxito (ni real apoyo político) el ex ministro Levy en 2015.
Señales positivas
Algunos signos de cambio, igualmente, asoman como positivos, al menos en cuanto a las instituciones legales para las próximas autoridades. El nuevo ministro de Hacienda estaría enviando ya un proyecto de Ley al Congreso para una enmienda legal que permita al Banco Central recuperar la capacidad de fijar la tasa de control monetario Selic sin interferencias políticas, y cierta estabilidad legal al futuro directorio de la autoridad monetaria. Ciertamente, una de las mayores dificultades que ha tenido el Banco Central es el de domar de verdad a la inflación con la política monetaria. Pero el principal desafío es el de ordenar las cuentas fiscales, frente a no pocas resistencias que habrá de enfrentar esta nueva administración. Pero de continuar creciendo la deuda pública (llegó a 66% del PIB en 2015), sin crecimiento, inversiones, ni recrear condiciones mínimas de competitividad y confianza (y no sólo de inversores extranjeros sino de los ciudadanos brasileños), será muy difícil creer en las proyecciones optimistas para el año próximo.
Esperemos que la nueva administración lo logre, porque el impacto negativo sobre la economía argentina (y en particular, sobre la industria automotriz, la metalúrgica y las economías regionales) va a ser significativo.
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(*) Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la USAL.
