(Columna de Eliana Scialabba, economista y directora de Catalaxia Consultores)
En los últimos días causó sorpresa la remoción de Graciela Bevacqua, número dos del Indec, por plantear que la estimación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) se demoraría ocho meses, cosa que no debería llamar la atención a los que trabajan en temas de estadística, pero que excedía los tiempos políticos del Gobierno
. En torno a este suceso, han surgido algunos debates acerca al rol de las estadísticas de precios en la sociedad, luego de transitar varios años de alta inflación en los que el país no contó con indicadores confiables de la evolución de ninguna de las variables de la economía.
¿Puede la economía seguir “sin números”? En un escenario como el de la gestión kirchnerista, esto constituía la regla. Sin embargo, para la nueva gestión, se presenta el dilema de hacer rápidamente, un IPC o uno bueno, en un contexto en el que la inflación no da respiro y que el Indec se encuentra devastado.
La unificación cambiaria, el ajuste de tarifas y las paritarias que comenzaron a negociarse no dejan de presionar al nivel de precios al alza.
Por otra parte, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat?Gay, planteó un esquema de metas de inflación y el BCRA se encuentra realizando una política de contracción monetaria con altas tasas de interés para estabilizar el valor del peso, y sin indicadores no es posible medir el éxito o no de las mencionadas políticas.
El eterno problema
La inflación ha sido fogoneada durante los últimos años por la creciente monetización del déficit fiscal, en un esquema de dominancia fiscal en el que el BCRA “inundaba” de pesos la economía para cubrir el excedente de gasto. Por lo tanto, no es un problema que se pueda adjudicar a la gestión macrista.
No obstante, algunas de las medidas implementadas por el Gobierno que asumió el 10 de diciembre han generado presiones adicionales sobre el nivel de precios de la economía. La unificación cambiaria parece haber sido exitosa debido a que, tal como mencionaba en ediciones anteriores, al estar el mercado desdoblado, muchos precios de la economía se “formaban” con la cotización del dólar paralelo. Sin embargo, el ritmo de ajuste de tarifas eléctricas ha sido un poco rá- pido, en un escenario en el que los precios aún se están acomodando al nuevo tipo de cambio y en los meses inmediatos anteriores a las negociaciones salariales.
Desde el Gobierno, si bien no están poniendo “un techo” a las paritarias, resaltan de manera constante que la meta de inflación para este año es de entre 20% y 25%. Para que la suba salarial se ubique en torno a este porcentaje, Macri anunció la suba del Mínimo No Imponible a $30.000 del Impuesto a las Ganancias, a fin de evitar una fuerte pérdida del poder adquisitivo. Sin embargo, los trabajadores de menores ingresos, que no tributan ganancias, no obtendrán este beneficio y serán (una vez más) los más afectados.
Debe destacarse, adicionalmente, que si bien desde el Gobierno planeaban también ajustar las tarifas de gas y de transporte en el corto plazo, por el momento la idea parece haber sido descartada. Macri no quiere dilapidar el capital político con el que cuenta y generar mayores tensiones sociales.
¿Un IPC rápido o uno bueno?
En el contexto descripto, si bien se analiza a grandes rasgos el eterno problema de la inflación ?algo que parecería ser parte del ADN argentino?, es imposible realizar un estudio más minucioso del impacto de las mencionadas políticas sobre los distintos actores económicos, ya que hace años nos hemos quedado “sin números”.
La destrucción total del sistema estadístico a partir de la intervención del Indec en el año 2007 no ha dejado las cosas fáciles para los técnicos que retomaron su labor luego de su desvinculación, o para aquellos que llegaron por primera vez al instituto oficial.
El dilema al que se enfrentaba el Gobierno era, como ya mencionamos, elaborar un IPC rápido, que sirva de referencia para las negociaciones de las paritarias y evaluar la efectividad o no de la política económica o uno bueno, creíble, robusto y probado, que restaure la credibilidad en las cifras provistas por el organismo oficial de estadísticas.
Hace semanas, desde el Indec publicaron la decisión de utilizar como referencia los IPC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y San Luis, debido a que se encuentran confeccionados de acuerdo a los estándares internacionales. Por lo tanto, la salida de Bevacqua tiene más que ver con la “urgencia política” que con un tema técnico.
A esto hay que sumarle que Fernando Cerro, economista cercano a Rogelio Frigerio y reemplazante de Bevacqua, estaba a favor de elaborar un IPC rápido con ponderaciones móviles. Parece que la idea de Cerro prevaleció por sobre la de dos veces desplazada técnica.
El principal problema que tiene un IPC de ponderaciones móviles es que dota de discrecionalidad al que lo elabora, ya que permite modificar los productos de la canasta de referencia y reemplazarlos por otros cuyos precios se incrementan menos a fin de moderar el aumento de la inflación. De esta forma, un IPC de estas características nos pondría nuevamente frente una pregunta reiterada durante la gestión kirchnerista: ¿cómo resolver un problema sin aceptarlo?
Si bien es importante tener un indicador para analizar la evolución de los precios y el cumplimiento o no de las metas de inflación, es aún mucho más importante tener un índice que refleje la verdadera trayectoria de los precios de la economía, con el objetivo de modificar las expectativas inflacionarias, y que el programa económico tenga éxito.
No obstante, elaborar un IPC que cumpla con todas las especificaciones requeridas para ser consistente y comparable no es un trabajo que se pueda realizar de un día para el otro, si el objetivo es tener “buenas” estadísticas y reconstruir la credibilidad del Indec, en un escenario en el que es importante fortalecer la calidad institucional.
A fin de permitir la elaboración de un IPC que cumpla con las normas metodológicas internacionales, el Gobierno podría haber reemplazado las estadísticas estatales nacionales con los IPC provinciales y con los relevamientos privados, como el IPC Congreso, que el actual oficialismo difundió como indicador de referencia hasta que Macri resultó electo, y que esta semana el Frente Renovador y Progresistas volvieron a presentar.
Sin embargo, la decisión pudo haber sido otra. Al parecer, se ha perdido la oportunidad de dotar nuevamente al país de cifras que sirvan como “termómetro” de la economía, en detrimento de tener datos que muestren el “cumplimiento” de las metas. El dilema parece estar resuelto.
