(Columna de Ramiro Albrieu, economista e investigador del Cedes)
No sabemos hasta qué punto la etapa bajo la presidencia de Cristina Kirchner puede ser catalogada como “populista”. Incluso el término en sí lleva a debates interminables. En cambio, sí podríamos definir a este período como uno de “voluntarismo macroeconómico”. La RAE define el voluntarismo como una “actitud que funda sus previsiones más en el deseo de que se cumplan que en las posibilidades reales”.
Y un mix de política macro que, por un lado, apunta a un crecimiento más acelerado de gastos que de ingresos ?tanto para la economía en su conjunto como para el sector público? y, por el otro, sigue una política financiera “antimercados” simplemente no tiene posibilidades reales de mantenerse por mucho tiempo.
La discusión puede situarse en dos cuentas de ingreso-gasto y tres precios (o dos precios relativos). La primera cuenta es la que corresponde a la economía en su conjunto: la balanza de pagos. La política financiera antimercados implicaba que la dinámica de las reservas seguía a la del comercio exterior. Dos precios son relevantes para discutir las tendencias del comercio exterior: el tipo de cambio y los salarios. Con el argumento del efecto inflacionario de la devaluación, el Gobierno utilizó al tipo de cambio como ancla, en particular en 2010-11. Pero la política salarial persiguió objetivos redistributivos, logrando crecimientos interanuales de los salarios nominales de dos dígitos. Para fijar ideas, en 2007-2013, mientras el tipo de cambio oficial se incrementó 9% al año, los salarios lo hicieron 26%. Claro que esa dinámica para la relación salarios/tipo de cambio se replica pero en forma inversa para la competitividad externa, lo cual se refleja en la expansión en la demanda de bienes transables y la anemia en la oferta. Mientras había superávit de cuenta corriente, los ingresos superaban a los gastos y las previsiones basadas en los deseos, parecían ser acertadas. Pero hacia mediados de 2011, la economía comenzó a imponer restricciones a la voluntad política: cuando las divisas comenzaron a escasear, apareció el cepo. Y en 2014, el salto en el tipo de cambio y la búsqueda de financiamiento externo fueron el cierre del episodio de voluntarismo macro asociado a las cuentas externas.
Un razonamiento similar puede seguirse con las cuentas fiscales. En este caso, la política antimercados implica o bien tener superávit fiscal o bien buscar financiamiento “heterodoxo”, código para: rentas intrasector público e impuesto inflacionario. El precio relativo clave aquí es la relación entre los salarios y las tarifas públicas: en el período mencionado más arriba, mientras los primeros crecieron al 26% al año, las tarifas públicas lo hicieron 8,5%. ¿Por qué afecta a las políticas públicas? Porque el Gobierno subsidia a las empresas proveedoras de los servicios públicos, y dicho subsidios se asocian a la evolución de los costos que éstas enfrentan. Así, con los salarios creciendo arriba del 20%, el pago a las empresas a las empresas subía al mismo ritmo, y ello a su vez se reflejaba en la evolución del gasto público. Y no fueron efectos marginales: los subsidios económicos representaban 1,4% del PIB en 2007 y superaban los 5 puntos del PIB en 2014. Mientras las cuentas fiscales eran superavitarias, el mix de políticas parecía consistente; luego, la llegada del déficit fiscal avivó la búsqueda de rentas excepcionales y sucesivos intentos de sincerar las tarifas públicas.
Así, desde 2014 tanto en el frente externo como el fiscal, el voluntarismo macro dio paso a un período de alta volatilidad en las políticas, en tanto se aplicaron diversos mix de políticas buscando corregir los dos precios relativos que aquí comentamos. Pero poco se ha avanzado, y entonces quedará la tarea para el próximo Gobierno.
