Columna de Laura Tyson y Lenny Mendonca (*)
Una fuerza laboral altamente capacitada es un bien público, crucial no sólo para la prosperidad de los propios trabajadores, sino también para la fortaleza de la economía en su totalidad. Y, como sucede con casi todos los bienes públicos, es algo en lo que Estados Unidos ha venido desinvirtiendo desde hace décadas, dejando a muchos trabajadores norteamericanos sin las capacidades que necesitan para conseguir empleos bien remunerados.
Afortunadamente, hay señales de progreso. Conforme el mercado laboral norteamericano se ajusta y un creciente coro de empresas se queja de que no pueden encontrar trabajadores capacitados, asociaciones innovadoras entre gobiernos, empleadores e instituciones educativas están empezando a llenar el vacío.
Los gobiernos cargan sobre sus espaldas con la principal responsabilidad en lo que concierne al financiamiento de la capacitación de la fuerza laboral. Pero los programas efectivos exigen algo más que dinero; requieren que los empleadores y los educadores puedan identificar las habilidades necesarias, crear las estructuras para enseñarlas y conectar a los trabajadores capacitados con los empleos disponibles. Para tener éxito a la hora de alcanzar estos objetivos, los programas de capacitación deben adaptarse al ritmo de los cambios rápidos en el terreno de la tecnología y la consiguiente evolución en el mercado laboral.
En otras palabras, la capacitación de la fuerza laboral requiere tanto de una mayor inversión como de más innovación a través de nuevos tipos de asociaciones entre el sector público y privado, instituciones que otorguen diplomas y estrategias para un aprendizaje y una recapacitación de por vida. Pueden surgir estrategias innovadoras prácticamente en cualquier parte, y el gobierno ejerce un papel crítico a la hora de promoverlas: programas de evaluación rigurosos, fomento de las que funcionan y retiro de financiamiento a las que no.
Los ejemplos
En Estados Unidos, los centros de estudios superiores (community colleges) ofrecen el primer paso hacia un buen empleo para millones de norteamericanos. Estas instituciones son especialmente importantes para los alumnos provenientes de entornos menos favorecidos y para los trabajadores desplazados que buscan nuevas oportunidades. En todo el país, los centros de estudios superiores están trabajando en conjunto con las empresas y experimentan nuevas maneras de ofrecer una capacitación práctica para las ocupaciones de alta demanda y para satisfacer necesidades especializadas.
El presidente Barack Obama reconoció su importancia y ha propuesto que se eliminen los costos de matriculación durante dos años en los centros de estudios superiores. La propuesta beneficiaría a aproximadamente nueve millones de estudiantes que asisten a un centro de estudios superiores por lo menos medio día, que hacen un progreso estable y que aprueban los exámenes.
Si se hace un cálculo minucioso, los centros de estudios superiores son una inversión extremadamente buena. Por cada dólar que un estudiante paga o al que renuncia para asistir a la escuela, su ingreso futuro aumenta en aproximadamente US$ 4,80. Para los contribuyentes, el retorno sobre la inversión a lo largo de la vida es mejor que seis a uno.
Los centros de estudios superiores son un ejemplo clásico de cómo los estados norteamericanos funcionan como "laboratorios de democracia". Obama basó su propuesta, en parte, en los programas gratuitos lanzados por Tennessee y la ciudad de Chicago. En base al éxito del Programa Técnico de Tennessee, también ha propuesto un fondo federal de US$ 200 millones para expandir los programas de los centros de estudios superiores en base a su efectividad, que se medirá por las asociaciones con empleadores, las oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo y las tasas de graduación de alumnos y de salida laboral. De la misma manera, California, que hace alarde de una larga tradición de excelencia en educación superior pública, recientemente introdujo un fondo de US$ 50 millones para fomentar estrategias innovadoras en el sector, con un énfasis en las colaboraciones públicas y privadas que han demostrado su capacidad para ofrecer las habilidades que necesitan los empleadores.
Nuevas épocas
Los centros de estudios superiores son sólo una parte del paisaje de capacitación, que cambia tan vertiginosamente. El objetivo de la educación superior está evolucionando. Además de la educación terciaria tradicional, las instituciones de capacitación están ofreciendo módulos con objetivos específicos, certificados por grupos industriales profesionales. La administración Obama, por ejemplo, cooperó con una rama de la Asociación Nacional de Industriales para lanzar un sistema de certificación de habilidades industriales basado en estándares establecidos por grupos industriales. Ese programa hoy está funcionando en 163 centros de estudios e institutos.
Muchísimas colaboraciones entre el sector público, filantropías sin fines de lucro y empresas están ofreciendo innovaciones para la formación de los trabajadores. Por ejemplo, la Western Governors University, una institución online sin fines de lucro, ofrece programas acreditados con título universitario en docencia, enfermería, informática para la atención médica y negocios. La entidad recibe un respaldo financiero de más de 20 corporaciones y filantropías, incluida la Fundación Gates, además de US$ 10 millones del Departamento de Educación de Estados Unidos. El progreso no se basa en cuánto tiempo pasan los estudiantes en una clase, sino en su competencia en los temas que estudian. El costo de seis meses, sin importar en cuántos cursos se inscribe una persona, es de US$ 2.890 (incluidos libros y un mentor) ?una ganga, comparado con la mayoría de las universidades estatales?.
El programa Nanodegree en AT&T (de cuyo directorio formo parte) es otro ejemplo. El programa, una colaboración entre AT&T y Udacity, una entidad comercial que brinda cursos online, ofrece cursos y mini-diplomas en campos especializados como el desarrollo de websites de interfaz. El programa es un componente del programa de capacitación interna de AT&T, pero está abierto a cualquiera que tenga conexión de banda ancha. Un curso típico, cuyo contenido está diseñado por AT&T y otras compañías de alta tecnología, cuesta unos US$ 200 dólares y completarlo lleva entre 6 y 12 meses. AT&T ofrece becas a través de instituciones sin fines de lucro asociadas y ofrece pasantías pagas para hasta cien graduados.
LearnUp, una startup de San Francisco que atrajo financiación de algunas de las mayores firmas de capital de riesgo de Silicon Valley, establece asociaciones con empleadores para ofrecer módulos de capacitación online que conectan a personas que buscan empleos con empleos específicos, principalmente en puestos de nivel básico que no requieren títulos universitarios. Los empleadores se hacen cargo de los gastos, con la expectativa de que LearnUp los ayudará a reclutar postulantes de mayor calidad. Y, por cierto, una vez que los candidatos han finalizado la capacitación, LearnUp los ayuda a conseguir entrevistas con potenciales empleadores, entre los que ya se encuentran varias compañías importantes. El sistema de centros de estudios superiores de California ya está trabajando con LearnUp para darles a los estudiantes acceso a las capacidades necesarias para ocupar los empleos locales disponibles.
Compromiso de todos Como ilustran estos ejemplos, si bien la capacitación de la fuerza laboral es un bien público, ninguna institución o brazo de gobierno tiene todas las respuestas respecto de cuál es la mejor manera de brindarla. La colaboración entre agencias gubernamentales, empresas y asociaciones comerciales, instituciones educativas y entidades sin fines de lucro puede generar estrategias efectivas que se pueden impulsar con financiamiento público. Sólo si trabajan en conjunto podrán identificar las mejores recetas para el éxito.
(*) Tyson es ex presidenta del Consejo de Asesores Económicos del Presidente de los Estados Unidos, profesora en la Escuela Haas de Administración de Empresas de la Universidad de California en Berkeley y Mendonca es ex director de McKinsey & Company.
