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El Gobierno desactivó la crisis

Camino al 2015

09 abril de 2014

Una vez que el Gobierno perdió el superávit fiscal en la crisis del 2009, y entró en terreno de atraso cambiario cerca del 2011, la economía comenzó a vivir de las reservas internacionales acumuladas en los años mozos del modelo, y racionadas con el cepo para llegar al 2015.

Pero la acelerada pérdida de reservas del BCRA activó todas las alarmas dado que ese camino también se agotaba. En 2013 el BCRA perdió la friolera de US$ 12.700 millones. La pérdida de reservas advertía que ignorar el acelerado deterioro macroeconómico de los últimos años llevaba a una crisis segura, incluso antes del 2015, dado que la dinámica irremediablemente llevaba a escalar en emisión ante crecientes subsidios, y perder más reservas ante el creciente atraso cambiario. Algo que el mes de enero dejó muy claro con la inflación acelerándose y la pérdida de reservas de US$ 2.800 millones, aún con cepo.

Posiblemente porque se tornó evidente que la dinámica no sería posible estirarla hasta finales del 2015, se tomaron contundentes medidas de política económica orientadas a despejar el camino y a romper el círculo vicioso en el cual estaba inmersa la economía. El objetivo no es encarar un ajuste para solucionar los problemas para el próximo Gobierno, sino sólo en magnitud suficiente para evitar una crisis de ahora al 2015. Para ello todavía se dispone de margen y lo están aprovechando, más con una soja arriba de US$ 540 la tonelada.

Así arrancó un acelerado ajuste monetario para frenar la pérdida de reservas, devaluando y subiendo las tasas de intereses de la economía, al mismo tiempo que se aceleraron las gestiones para acercase al crédito externo, algo que obliga a sincerar los números del INDEC. Sobre ello, a fin de marzo se anunció el primer ajuste fiscal de la década, atacando lo que es hoy el principal problema de la economía: la maraña de subsidios energéticos que escaló a casi el 5% del PIB.

El ajuste fiscal recorta en cerca de $12.000 millones los subsidios al gas y en otros $1.000 millones a los del agua de red, monto que en su conjunto implica un recorte de fiscal de 0,4% del PIB. El recorte de subsidios implicará un significativo incremento de las tarifas en términos porcentuales, dado que se parte de valores casi irrisorios tras una década de pisar tarifas. En números, el aumento promedio de gas será de 230% y en agua, de 265%. En términos absolutos, la tarifa da gas promedio pasa de $95 a $313 bimensual, mientras en que agua la factura pasa de $25 a $91, también bimensual. Es decir, que el aumento total no llega a $300 pesos bimensual por hogar, que si bien tiene impacto en el bolsillo, no lleva a ninguna familia de clase media para arriba o debajo de la situación de pobreza. Más recordando que están exentas del aumento la población en situación vulnerable, como los jubilados que cobran el haber mínimo y familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH). Además, los ajustes contemplan que quien haga el esfuerzo y ahorre, se le recortará en menor proporción el subsidio. Y lo mismo a la inversa, quien más consuma y no ahorre, se le recortará en mayor proporción el subsidio.

Ahora bien, tras al recorte de subsidios al gas y al agua, obliga a esperar un aumento en electricidad también de iguales proporciones y antes de la llegada del invierno. Dado que si no aumenta y consumir electricidad es más barato que consumir gas, el efecto sustitución llevará a calefaccionar los hogares con aires acondicionados frío/calor y electroventiladores, lo que lleva a la posibilidad de que los cortes de luz que se suelen ver en el verano se puedan llegar a ver en el inverno. Evitar la crisis energética en invierno lleva a anticipar un aumento de iguales magnitudes en tarifas de electricidad de manera inminente. Por lo que el gasto adicional por hogar para el pago de los servicios de agua, gas y electricidad aumentará cerca del 200% y nominalmente será cerca de $500 adicionales por bimestre, monto que se acrecienta en verano e invierno. Suponiendo que el recorte de subsidios en electricidad también sea cercano a $13.000 millones, eso implica que el ahorro fiscal total por quita de subsidios a gas, agua y electricidad será de $26.000 millones, equivalente a 0,8% del PIB.

El ahorro fiscal permite recortar la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal, quitando presión sobre el mercado cambiario y la inflación a mediano plazo, pese a que la quita de subsidios genera una inflación en el corto. De hecho, estimamos que cada 100% de aumento de tarifas, la inflación minorista crece cerca de 2,5% adicionales en el GBA, lo que en este caso nos lleva a esperar una inflación adicional de poco más de 5% para el IPC en el Gran Buenos Aires. La inflación minorista a nivel nacional será menor que en el GBA, dado que en dicha zona es donde se concentran los mayores recortes de subsidios. Esperamos una inflación del 38% en GBA y 33% a nivel nacional.

El aumento de tarifas en estas magnitudes llevará a un incentivo, hoy ausente, que es optimizar su consumo, que se traducirá en menor importación de energía, mejorando el balance energético. Estimamos que la importación de energía podría bajar cerca de US$ 1.000 millones, reduciendo por primera vez el déficit energético a cerca de US$ 6.000 millones.

En suma, si bien el ajuste monetario y fiscal asegura un año recesivo y una aceleración de la inflación a corto plazo, lo cierto es también que permite sacar a la economía del sendero de una crisis segura antes del 2015. Por primera vez en años vuelve a haber política económica en la Argentina. Bienvenida.

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