(Columna de Jorge Paz, economista, investigador del CONICET y del IELDE)
El nivel educativo de la población argentina siempre ha ocupado los primeros puestos, al menos en el ranking regional. Esto es así no por la calidad educativa sino por la elevada cobertura: casi todos las niñas y niños en edad de asistir a la escuela primaria lo hacen y esto es así desde hace ya muchos años. Sin embargo, y a pesar de que la nueva Ley de Educación Nacional (Nº 26.206) del 2006, extiende al secundario la obligatoriedad, la deserción a partir de los trece años en la Argentina es intensa y fuertemente diferente por estrato socioeconómico: de los jóvenes que residen en hogares de ingresos elevados, el 56% asiste a un establecimiento educativo versus el 32% de los que residen en hogares con ingresos bajos.
La justificación del programa Según una investigación que realizamos con Laura Golovanevsky hace unos años, la AUH ha mejorado este panorama habiendo impactado más sobre la asistencia escolar del grupo de 17 años de edad. Por su parte, los jóvenes mayores de esa edad no estaban cubiertos hasta ahora por programas masivos tipo la AUH. Justamente, el Programa Progresar (PP) pretende actuar sobre este grupo, incentivándolo a comenzar o continuar sus estudios, sin diferenciar nivel de enseñanza. Actualmente, en la Argentina son alrededor de 2,7 millones los jóvenes (18-24) ?sobre un total de 4,7 millones? que no estudian. Ciertamente entre ellos hay algunos (los menos) que ya concluyeron los estudios superiores y otros que decidieron por propia voluntad dejar el sistema educativo en diferentes niveles. Hay entre ellos también algunos que solamente trabajan (34,5%), otros que buscan trabajo y no lo encuentran (7,4%), y otros que no hacen ni una cosa ni la otra (15,8%). Estos últimos han sido denominados en esta columna los “triple-ni”. No hay que descuidar un detalle importante: buena parte de los que trabajan lo hacen en la economía informal y percibiendo bajas remuneraciones. El problema mayor consiste en el tipo de puestos que ocupan: se trata de puestos de baja calificación con limitadas posibilidades de crecimiento futuro.
Población de 18 a 24 años clasificada por usos del tiempo (2014)
Grupo
Varón
Mujer
Total
Cantidad
Sólo estudia
24,5
32,9
28,6
1.353.647
Estudia y busca
2,5
3,7
3,1
146.404
Estudia y trabaja
10,7
10,4
10,6
500.807
No estudia, ni busca ni trabaja
8,7
23,4
15,8
750.499
No estudia y busca
7,3
7,5
7,4
350.612
No estudia y trabaja
46,3
22,0
34,5
1.636.505
Total
100,0
100,0
100,0
4.738.000
Fuente: Propia, basada en la datos de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos y en el Word Population Project 2012 (UN).
¿Cuántos y quiénes son? Si bien el foco del PP está puesto en los jóvenes que no estudian, el programa es bastante detallado en lo que se refiere a la inserción laboral. La elegibilidad está sujeta a que aquellos que trabajan lo hagan en la economía informal y/o que perciban una remuneración de $3.600 o menos. También pone restricciones a la situación del hogar en el que reside el joven: los ingresos de los miembros de la familia y las condiciones de empleo están sujetos a los mismos requerimientos que los ingresos y de las condiciones de empleo de ellos mismos. Dos preguntas clave aparecen aquí: ¿Cuántos son y qué características tienen? Los “elegibles”, atendiendo sólo a las características personales, son alrededor de 1,4 millones, tal como lo dijo la presidenta Cristina Fernández en la presentación del programa. Esto implica al 30% de la población total de jóvenes entre 18 y 24 años de edad. La tasa de elegibilidad es menor entre los hombres (23% versus 38% de las mujeres) y el 56% de los elegibles reside en hogares de bajos ingresos (quintiles 1 y 2 del ingreso familiar per capita). Desde esta perspectiva el programa es claramente redistributivo y favorable a los más pobres.
Asistencia escolar por edad según nivel de ingreso del hogar. Argentina (2012)
Fuente: Propia, basada en datos de la Encuesta Anual e Hogares Urbanos 2012.
Problemas a tener en cuenta Para que un programa focalizado como el PP tenga impacto, deben cumplirse, al menos, tres requisitos. Para presentarlos usaré una analogía con la práctica de tiro: 1) es necesario tener proyectiles; 2) hay que dar en el blanco, y 3) eso debe servir para algo. Trasladados al PP, el requisito 1) implica que el sistema educativo tenga la capacidad necesaria y suficiente para atender la demanda creciente por servicios educativos sin que ello ponga en peligro la calidad educativa actual (que no decrezca). Ya lo hice notar en otra notas en esta columna: los resultados no del todo satisfactorios de las pruebas PISA obtenidos por la Argentina están relacionados con el carácter inclusivo de la educación nacional; principalmente por la incorporación al sistema de alumnos con edades superiores a la requerida por el propio sistema (sobreedad). En suma, la satisfacción de la demanda creciente (1,4 millones más de alumnos potenciales por año, bajo la hipótesis de máxima) requerirá de servicios de maestros, equipamiento y infraestructura, entre otros insumos. El requisito 2), “dar en el blanco”, implica tomar todos los recaudos para que el programa incluya a todos a los que va dirigido (evitar el error de exclusión) y que no incluya a aquellos a los que no va dirigido (evitar el error de inclusión). Esto que parece fácil de proclamar tiene algunas dificultades prácticas. No es lo mismo orientar el programa a los “triple-ni”, que sólo a desocupados o a los que tienen problema de inserción laboral (ocupados en la economía informal por ejemplo). No está muy claro cómo piensa el Gobierno corroborar los requisitos que se exigen, principalmente los de los familiares con los que convive el/la joven. El requisito 3), “debe servir para algo”, es fundamental. El programa tendrá sentido si la escuela hace a las/os jóvenes más productivas/os. La productividad aumentada tiene impactos en el plano de la equidad y del crecimiento: hará que sus beneficiarios puedan mejorar sus ingresos y, en consecuencia, su bienestar personal y generará una tasa de crecimiento más rápida del PIB per capita. Pero para esto se requiere que el sistema educativo responda a un patrón dado de calidad y que la estructura económica absorba (en empleos productivos) a la fuerza laboral más capacitada.
