(Columna de Carlos Bondoni y Sebastián Scheimberg, economistas y especialistas en energía de la Fundación Pensar)
El mundo ha dejado atrás la era de abundancia de energía y está ingresando en un período de limitaciones que se irá acentuando a medida que se reduzca la brecha de la pobreza, pero también en la medida en que se exacerbe el consumo bulímico. Hoy en día nadie duda de que la disponibilidad de la energía, su costo y el impacto ambiental causado por su transformación deban estar en la agenda de todos los dirigentes de la sociedad a fin de lograr un crecimiento económico sustentable.
En la Argentina estamos empezando a despertarnos del sueño de la energía barata y abundante que se estableció en forma ficticia en los últimos años. Lo sentimos cuando experimentamos los deterioros en la calidad y cortes del servicio, pero en forma indirecta por la menor disponibilidad de divisas, lo que tiene un impacto en toda la economía, y aún más intensamente por los desaciertos políticos a los que nos conducen los “manotazos de ahogado” que reemplazan a los planes de largo plazo, como son los cambios regulatorios de neto corte intervencionista desde el 2012 en adelante.
La enorme distancia que media entre identificar recursos (por ejemplo, Vaca Muerta) y disponer de reservas explotables hace imposible pensar que la importación de energía pueda s quiera disminuir en los próximos cinco años. Además, los proyectos necesarios para aumentar la oferta energética ?de cualquier tipo? dentro de los límites de nuestro territorio demandarán de largos períodos de implementación y maduración. Para disponer de una central térmica de generación eléctrica se necesitan aproximadamente dos años, una hidroeléctrica entre cuatro y seis y para una nuclear, siete. Aunque todos estos períodos en la Argentina suelen prolongarse cuando los gestiona directamente el Estado Nacional (Yacyretá, Atucha 2, y próximamente las lejanas centrales hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz).
Todas las obras precisan financiamiento, de fuentes internas o externas, que en el contexto actual de represión financiera se vuelven esquivos. Sólo como ejemplo pensemos que el Programa GENREN de promoción de energías renovables a través de contratos de largo plazo con la empresa estatal ENARSAsólo ha sido ejecutado en 10% por falta de financiamiento y/o confianza. Por otra parte, la contracara del desincentivo al ahorro ha sido la exacerbación al consumo, entre otros,en compras de vehículos y gastos de equipamiento y electrodomésticos con el consecuente aumento de consumo de combustibles líquidos y energía eléctrica, respectivamente.
El derroche consumista de la posmodernidad se viene manifestando globalmente, pero en la Argentina, la intensidad energética, entendida como la cantidad de energía necesaria por unidad de PIB es sustancialmente más alta que la del promedio de países de la Unión Europea.
En otras palabras, lograr el mismo crecimiento económico porcentual nos demanda en aproximadamente 20% más de energía. Este dato está principalmente vinculado con las altas pérdidas en el transporte y la distribución de la energía eléctrica, el bajo rendimiento del empleo de los combustibles líquidos tanto en el trasporte como en la industria, y la baja eficiencia en el consumo de electricidad y gas a nivel industrial, comercial y domiciliario. Si bien la decisión política de mantener el subsidio generalizado de los precios de la energía ha conducido a una sucesión de desajustes macroeconómicos con impacto regresivo desde el punto de vista distributivo, en términos microeconómicos se han ido generando atrasos tecnológicos respecto a lo que sería una gestión energética eficiente.
El foco en la eficiencia
En un contexto de escasez en que la energía deberá reflejar en sus precios esta realidad, será necesaria una mejora en la gestión de su uso que evite los saltos en la facturación que traerá un reacomodamiento de precios que, poniendo blanco sobre negro, es la sensata recomendación de todos los analistas del sector.
No obstante, el proceso de aumento de la eficiencia debria abordarse tempranamente desde dos ejes complementarios en los que el Estado podrá tener un rol de liderazgo: por un lado, la conducta adquirida por pautas educativas, que permita una progresiva eliminación o reducción de consumos superfluos y, por el otro, la tecnología, a través de procesos o equipos capaces de realizar el mismo trabajo con menor consumo. En este sentido, vale la pena señalar que la aplicación de medidas de eficiencia es, definitivamente, una fuente barata y segura de energía que podrá ir reduciendo la brecha energética externa en menor tiempo.
