(Columna de Martín Tetaz, economista, profesor de la UNLP y la UNNoBA, investigador del Instituto de Integración Latinoamericana e investigador visitante del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales / @martintetaz)
Me ocurrió hace tres meses por bajarme de un taxi apurado. En el afán por vencer a Cronos, olvidé el celular en el asiento de atrás. Tres horas después, me volvió el alma al cuerpo y, aunque la gratificación a la honestidad del tachero me costó $300, confieso que me sentí más feliz que incluso antes de haberlo perdido.
Una sensación similar experimentan por estos días los asalariados argentinos que, por obra y gracia de la inflación, se veían obligados a pagar el Impuesto a las Ganancias aun cuando sus salarios reales estaban muy por debajo del Mínimo No Imponible estipulado por la ley. Aunque el artículo 25 de la Ley 20.628 (texto ordenado por Decreto 649/97) dice claramente que “los importes a que se refieren los artículos 22 y 81, inciso b), y los tramos de la escala prevista en el artículo 90, serán actualizados anualmente mediante la aplicación del coeficiente que fije la DGI sobre la base de los datos que deberá suministrar el Indec” y que “el coeficiente de actualización a aplicar se calculará teniendo en cuenta la variación producida en los índices de precios al por mayor, nivel general”, lo cierto es que hasta la semana pasada un asalariado soltero y sin hijos debía ganar menos de $5.782 por mes ($7.998 para un casado con dos hijos) para esquivar el impuesto, aún cuando el índice de precios mayorista al que hace referencia la ley se multiplicó por 5,7 desde el 2001 y en ese entonces sólo pagaban los trabajadores sin familia que ganaban más de $1.694 (o $2.063 en el caso de los que estaban en el seno de una familia tipo).
Puesto en español, aunque la ley refiere a la tabla que relaciona alícuotas con ingresos y existe un debate (para el cual no tenemos espacio aquí) en torno de si la Ley de Convertibilidad suspende la vigencia del mecanismo de ajuste, en principio no debería pagar Ganancias nadie que trabaje en relación de dependencia y gane menos de $9.655 ( $11.759 en el caso de un casado con dos hijos). Para despejar incertidumbres de cara a las paritarias e intentar recuperar a parte de la clase media, el Gobierno (ahora sí atribuyéndose el derecho legal de actualizar las deducciones) acaba de elevar los pisos anteriores a $6.938 y $9.597, respectivamente, o sea, 28% menos que lo que dice la ley en el caso de los solteros sin hijos y 18% por debajo de lo que debería ser el piso para los del otro ejemplo analizado en esta nota.
El anuncio ocasionó, no obstante, un repentino sentimiento de alegría en los 2,4millones de trabajadores de más altos ingresos, que como me sucedió a mí con el celular, están más contentos pagando menos, incluso que antes de que el proceso inflacionario los convirtiera en sujetos imponibles del tributo.
Más aún: no sólo los ajustes no cumplen con la ley, sino que además el índice de precios mayoristas (IPIM) del Indec está claramente adulterado a la baja.Por ejemplo, entre 2001 y 2006 el IPIM y el IPC-Alimentos y bebidas (componente fundamental del IPIM) tenían una correlación de 0,99. La extraordinaria similitud entre las series persistió intacta entre 2007 y 2012, aún a pesar de que como es público y notorio, el IPC está fraguado desde entonces. Aproximando la evolución de IPIM por la variación en el componente alimentos y bebidas del IPC de Santa Fe, en realidad las líneas de corte a partir de las cuales habría que tributar Ganancias, siempre de acuerdo a la letra de la ley, serían $15.262 para los asalariados solteros y sin hijos y $18.587 para los casados con dos hijos.
Pero además, contrariamente a lo que ha sostenido públicamente el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, la ley le pide expresamente al Ejecutivo que actualice por el IPIM la tabla del artículo 90 de la ley, con los tramos de ingresos que tributan las distintas alícuotas. Como resultado de este incumplimiento, el impuesto tiene en la realidad un crecimiento espectacular de la alícuota efectiva, llegando rápidamente a una meseta donde se pierde la progresividad y por la cual cualquiera que gane más de $16.169 pesos ($18.828 para el casado con dos hijos) deberá pagar la alícuota máxima del 35% por el excedente de ingresos.
Lo que ha sucedido, entonces, es que el Gobierno, vía inflación,ha modificado las alícuotas efectivas del Impuesto a las Ganancias de los asalariados (cuarta categoría) atribuyéndose una responsabilidad que no le compete constitucionalmente. Si la suba en los impuestos al trabajo (que debería haber votado el Congreso) no le hace mella electoral al oficialismo es porque la gente no interpreta las quitas salariales como tales.
Un enfoque alternativo
Para entender un poco mejor por qué sucede esto debemos buscar herramientas de la economía del comportamiento, la rama de la disciplina que incorpora desarrollos científicos provenientes de la psicología cognitiva. Por ejemplo, el profesor de la Universidad de Zurich, Ernst Fehr, ha demostrado experimentalmente que los recortes salariales que se producen sin mediar decisión del empleador (por una ley exógena o un shock aleatorio en la actividad) y las bajas del salario real que ocurren como consecuencia de fenómenos inflacionarios no afectan el nivel de esfuerzo que los trabajadores están dispuestos a hacer, pero sí disminuye la disposición al trabajo si la quita en los salarios es nominal y por decisión del contratante.
Esta ilusión monetaria tiene que ver con el “efecto insulto” descubierto por Truman Bewley, de la Cowles Fundation. Los trabajadores consideran sus salarios como un derecho adquirido y ven las quitas como un agravio. Me viene a la memoria, entonces, el famoso dicho que se escucha en las calles de La Habana para justificar el parsimonioso ritmo de trabajo: “El Gobierno hace como que nos paga, nosotros hacemos como que trabajamos”. No es casualidad, entonces, que un par de días antes de los anuncios sobre Ganancias, la Presidenta le haya pedido a la gente que “le hagan el vacío a los formadores de precios” puesto que cuanto más distante se perciba la responsabilidad del Gobierno en los aumentos de las góndolas, mayor será la ilusión monetaria de la gente y menores las posibilidades de que se den cuenta de que se les han subido los impuestos. Nótese también el ancla mental que buscó la presentación de la medida, haciendo referencia a los salarios brutos a partir de los que se paga ganancias, en lugar de mencionar, como correspondía, a los salarios de bolsillo.
El efecto de anclaje, descubierto por Richard Thaler, implica que la gente pensará como referencia en la cifra sugerida por la Presidenta (un salario de $8.360 para el soltero sin hijos) como el límite a partir del cual se paga, y no en los $6.938 de la realidad. Por último, el efecto de framing, descubierto por Daniel Kahneman, nos enseña que la gente procesa de manera diferente la misma información según como esta sea presentada.
Por esta última razón es que se hizo un esfuerzo extraordinario por formar la representación mental del boleto del subte como punto de referencia para comparar lo que debía pagarse en concepto de impuestos. Incluso se llegó al punto de que la presentación oficial de la medida por parte de la Afip culmina con la comparación entre los $ 588 mensuales que una familia tipo gasta en el subte y los $ 589 que pagaría un trabajador casado y con dos hijos cuyo salario bruto fuera de $15.500 pesos sin mencionar, por supuesto, que ese mismo trabajador, con el mismo ingreso equivalente en pesos del 2001, no habría pagado ganancias en ese entonces.
