(Escrito junto a Luciana Díaz Frers y Nicolás Gadano)
La expropiación de YPF ocurre en una coyuntura crítica para el sector energético argentino. El Gobierno Nacional argumenta que la energía es un área estratégica y que la empresa fue víctima de la “depredación, desinversión y desabastecimiento” mientras estuvo en manos de Repsol. Los principales indicadores de YPF parecen convalidar esa hipótesis.
Las reservas netas y la producción de petróleo y gas cayeron sistemáticamente, mientras que los giros de dividendos fueron siempre cuantiosos, promediando los US$ 1.300 millones en los últimos tres años. El pobre desempeño de YPF se enmarca en un contexto similar para todas las empresas del sector. Las reservas netas de petróleo y gas en la Argentina cayeron sistemáticamente de un máximo de 3.171,1 millones de barriles de petróleo equivalente (BOE) en 2001 a 977,6 millones de BOE en 2011 (la reducción más importante corresponde al gas natural). La producción de hidrocarburos exhibe, desde hace varios años, una tendencia declinante.
La reducción de la actividad exploratoria no se concentra sólo en YPF, sino que se trata de un comportamiento generalizado en la industria. En el downstream ?un segmento abierto a las inversiones como en cualquier otro sector industrial? el estancamiento en la capacidad de procesamiento de crudo y de producción de derivados difícilmente pueda ser atribuido a YPF: es el resultado de condiciones económicas y de abastecimiento poco atractivas para la inversión.
Por un lado, la vigencia de precios locales por debajo de los precios internacionales actuó como desincentivo a la inversión y producción. Por el otro, la demanda, impulsada por el crecimiento, siguió aumentando. La brecha se cerró con importaciones de los principales combustibles y la cuenta la pagó el Fisco, que absorbió las pérdidas a través de crecientes subsidios. En este contexto, la sola expropiación de YPF, sin un cambio en las políticas para el sector energético, es insuficiente para revertir la tendencia negativa de los últimos años.
Al desafío de resolver los desequilibrios del sector energético se suman los que plantea la propia expropiación. En primer lugar, hay que elegir un modelo de gestión para la compañía. La evidencia internacional sugiere que existen distintos modelos posibles de gestión y control de las empresas estatales y de los recursos hidrocarburíferos, con diferentes implicancias sobre la eficiencia y, por lo tanto, sobre los resultados económicos y productivos.
Los tipos de empresas estatales de hidrocarburos variaron significativamente a lo largo de la historia, aun dentro del mismo país. Así, las empresas estatales con participación privada y fuertes mecanismos de control externo aparecen hoy como el modelo con mejores resultados financieros y económicos corporativos, y con mayor transparencia en el manejo de los recursos generados por parte del sector público.
Por otro lado, resta resolver también la puja federal dentro de YPF. De las acciones expropiadas, el 51 % queda en manos de la Nación y el 49 % pasa a manos de las 10 provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos: Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El federalismo en YPF genera varios interrogantes.
Primero habrá que resolver cómo se distribuyen las acciones y quién paga por ellas. Por ahora, la ley establece lineamientos generales como que “la distribución de acciones entre las provincias que acepten su transferencia se realice en forma equitativa, teniendo asimismo en cuenta para tal fin los niveles de producción de hidrocarburos y de reservas comprobadas de cada una de ellas”. Pero la selección de los indicadores y de los ponderadores no es trivial. Más complicado aún será introducir el concepto de equidad en este reparto, aunque una posibilidad es darle mayor participación a las provincias que hayan recibido hasta ahora menos inversiones. Además, los niveles de producción determinan el cobro de las regalías. En promedio, las regalías totales ?no solo petroleras? para estas provincias representan 13% de sus ingresos, cifra para nada despreciable.
Pero el mayor de todos los desafíos, en un contexto de ajuste fiscal y de falta de acceso a los mercados internacionales de crédito, es de dónde provendrán los fondos para el ambicioso plan de inversiones que se requiere para revitalizar el sector. Mientras la nueva conducción de YPF hacía esfuerzos para construir un plan de negocios sólido para conseguir financiamiento y socios inversores en el exterior, el Gobierno decidió profundizar su enfoque de mayor regulación y control estatal en el sector con la emisión del Decreto 1.277/2012, que reglamenta la ley de expropiación. Esta norma derogó artículos centrales de los decretos de desregulación sectorial vigentes desde fines de los ochenta: la libre disponibilidad de los hidrocarburos para los productores, la libertad en la fijación de precios y la libre importación/ exportación de crudo, gas y derivados.
Si la estrategia de recuperación de YPF descansaba en la posibilidad de atraer financiamiento y socios estratégicos para provocar un shock de inversiones y productividad en los yacimientos, este decreto se orienta en el sentido contrario. Parece difícil que aumenten las inversiones privadas cuando el marco regulatorio se endurece o aumenta el poder discrecional y sancionatorio del Estado.
Hay un ambicioso plan de inversiones que resulta indispensable para poder abastecer la creciente demanda interna. No obstante, aún resta saber cómo se financiarán esas inversiones. En síntesis, si el sector energético ya tenía algunos desafíos ?precios que no invitaban a la inversión, incipiente y creciente desequilibrio en la balanza comercial y subsidios cada vez más insostenibles, entre otros indicadores negativos? ahora se agregan los que plantea la expropiación en un marco de reglas de juego cada vez más rígidas.
