(Columna de Sofía Devalle, economista del Instituto Argentino de Análisis Fiscal -IARAF-)
El Sector Público argentino, compuesto por el Gobierno Nacional y el conjunto de provincias, necesitaría durante todo el año 2012 cubrir un bache financiero cercano a los $ 140.000 millones, vale decir, cerca de 5,5 puntos del PIB. Es importante considerar los dos niveles de gobierno puesto que ambos constituyen agentes sumamente relevantes en la economía, y tener en cuenta sólo uno de ellos puede llevar a conclusiones parciales. La magnitud que alcancen las necesidades de fondos del Sector Público no resulta para nada indiferente, debido a las implicancias que generan sobre la economía las distintas opciones disponibles para financiarlas.
En primer lugar, surge el interrogante de por qué se genera el bache financiero, tanto en la Nación como en las provincias.
-Por un lado, estas necesidades surgen debido a un déficit fiscal estimado para ambos niveles de gobierno cercano a los $ 85.000 millones ($ 55.000 atribuible a la Nación y $ 30.000 a las provincias), producto de erogaciones que vienen creciendo a un mayor ritmo que los ingresos desde hace ya varios años. En efecto, se aprecia el deterioro fiscal progresivo por el que está atravesando el Sector Público argentino, considerando que se estaría pasando de un superávit consolidado de 3,3% del PIB en el año 2004 a un déficit cercano al 3,4% en 2012.
-Por otro lado, es necesario agregar las obligaciones a las que se enfrentan los gobiernos por el pago de los servicios de la deuda pública. Considerando los vencimientos de amortización de Nación y provincias, se agregarían necesidades por este concepto cercanas a los $ 55.000 millones (alrededor de $ 45.000 millones de Nación y $ 10.000 millones de las provincias).
En segundo lugar, es relevante considerar cuáles son las formas alternativas de financiamiento con las que actualmente se dispone y, en base a ello, considerar los efectos sobre la economía que cada una de ellas genera:
-Una alternativa es la emisión de deuda, que consiste en la colocación de títulos públicos en mercados públicos y/o privados, o en la toma de préstamos por parte de instituciones varias (nacionales e internacionales). Actualmente, la posibilidad de colocar títulos de deuda en mercados internacionales es bastante limitada, por lo que la obtención de fondos más utilizada recientemente por esta vía es la de los propios organismos estatales (deuda intrasector público, especialmente en el ámbito nacional), préstamos de organismos multilaterales y colocación de bonos en algunos mercados (caso de algunas provincias). Siempre que el endeudamiento neto (toma de deuda menos pagos de amortizaciones) sea positivo, implicará una mayor carga tributaria futura.
-Otra forma de conseguir fondos es mediante el aumento de la presión tributaria, que puede resultar tanto de incrementos en alícuotas y elementos legales de los impuestos, como producto del aumento en la base imponible. Durante el 2012 gran parte de las provincias están utilizando ampliamente este elemento de financiación, aplicando incrementos de consideración en prácticamente todos los tributos provinciales. Una mayor presión tributaria tiene impacto negativo sobre la actividad económica privada.
-Una opción ampliamente utilizada en los últimos años por el Gobierno Nacional es el uso de las reservas del BCRA. Una disminución en el stock de reservas de la autoridad monetaria disminuye el respaldo del circulante monetario, siempre y cuando este último se mantenga constante.
-Finalmente, otra alternativa es la emisión monetaria, que recientemente ha sido generada por la transferencia al Tesoro Nacional de utilidades y por los Adelantos Transitorios del BCRA. Una fuerte emisión monetaria por estas vías, que no llegue a ser compensada mediante otros instrumentos, puede tener impacto en el nivel general de precios.
En caso de que la Nación brinde asistencia a las provincias para financiar parte de su bache, se estima que 42% de las necesidades financieras en la Argentina serían cubiertas mediante emisión monetaria, 30% con colocaciones de deuda (en organismos públicos, internacionales y privados), 23% mediante el uso de reservas y 5% con aumentos tributarios, básicamente en provincias. Recurriendo a este esquema el BCRA pasaría a ser el principal financista, aportando el 65% del total de los fondos.
De uno u otro modo, todas estas fuentes alternativas de fondos para cubrir las necesidades financieras del Gobierno generan algún tipo de impacto en la economía, tanto a nivel de actividad real como de precios. En consecuencia, sería deseable que en todo nivel de gobierno se maximicen los esfuerzos para disminuir las necesidades financieras y no para conseguir recursos para cubrirlas.
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