“El que avisa no traiciona”. Con esa frase una empresa energética grande interpreta el plan de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos. Varios privados aseguraron en off the record a El Economista que detrás de la decisión de escanear las cuencas petrolíferas y gasíferas se esconde un único objetivo: legitimar la quita de concesiones a aquellas empresas que no estén en condiciones de invertir y llevar la producción a los niveles que las provincias desearían.
Con esta acción, la Casa Rosada concretaría dos éxitos, dicen desde el sector. Primero, la responsabilidad de la caída de las reservas y producción de hidrocarburos en los últimos años sería de los privados y no del sector público. Segundo, YPF, la empresa hidrocarburífera más importante del país, será la más perjudicada del informe porque las provincias exigirán una performance que en los últimos años no mostró. La producción de petróleo de YPF cayó 29% en los últimos 8 años y la de gas 35%. En provincias como en Mendoza y Salta la extracción de crudo cayó 49,9% y 40% respectivamente.
¿La firma podrá comprometerse a revertir esa situación en los próximos años? Según ex secretarios de Energía consultados, el papel de YPF es clave a la hora de explicar la situación del sector. Claro que la pelea Gobierno-YPF va más allá del debate sobre la política energética en la Argentina. Por su tamaño en el mercado, su propia historia y el impacto en las cuentas nacionales, la política oficial hacia la empresa salpicará al resto de las productoras del sector. En la semana funcionarios volvieron a criticar la empresa que, además, fue multada por la AFIP. ¿Ahora por qué el Gobierno critica a YPF? La versión más conocida señala que las autoridades económicas (básicamente la Secretaria de Comercio), preocupadas por el incremento significativo del déficit comercial energético y su impacto en la oferta de dólares (el rojo comercial del sector fue U$S 2.900 millones en 2011), cargaron las tintas contra la empresa por el aumento de las importaciones de gas desde Bolivia.
Las importaciones, efectivizadas por la firma estatal ENARSA, cuestan U$S 18 por barril de
millón de BTU. El Gobierno dice que importaría menos combustible si YPF produjera más. En la
empresa contestan que lo harían si el Gobierno no fijara para el gasoil un precio tan bajo (80 centavos). El déficit comercial energético podría duplicarse en 2012 según estimaciones privadas
El plan de las provincias
La semana pasada la OFEPHI resolvió que en 15 días cada jurisdicción deberá presentar un relevamiento sobre sus cuencas con metas para los próximos años. Las provincias deberán explicitar por escrito cuántos equipos necesitarán para explotar y explorar esos yacimientos que otorgan en concesión, el número de empleados necesarios para hacer las tareas, el dinero a invertir y los niveles de producción a los que quiere llegar. Cuanto mayor sea la producción
hidrocarburífera de las provincias, más dinero cobrarán las jurisdicciones en concepto de regalías y más caja tendrán los gobernadores. La iniciativa fue celebrada por las provincias productoras. El secretario de Energía de Salta, Flavio Aguilera, le dijo a El Economista que “la mecánica puede ser muy provechosa porque sabremos de antemano los objetivos para los próximos años. La transparencia puede beneficiar a las empresas y al Estado”.
El comunicado de la OFEPHI supone una nueva dinámica para el trabajo entre los privados y el sector público. “Es un cambio respecto a la situación que veníamos teniendo”, explica Aguilera.
“Hasta ahora las empresas presentaban un cronograma de inversión y nosotros revisábamos y
controlábamos. Ahora el trabajo será distinto porque nosotros estableceremos el potencial productivo de cada cuenca y en función de ello las firmas deberán cumplir con metas de producción anual”. En una empresa de las denominadas chicas y que explota petróleo liviano en La Pampa, reconocen que la relación entre el Gobierno y los privados cambió. Y confiesa que “el Estado no se está equivocando con lo de la OFEPHI.
YPF no cumplió muchos de los requerimientos y el comunicado de la reunión del otro día no es algo desmedido”. Las firmas más pequeñas parecen estar más tranquilas porque el peso caería sobre las más grandes. Y concretamente sobre YPF. “Es una pelea en la que no nos metemos”.
La presión sobre los privados
El Gobierno encontraría en el plan de la OFEPHI una vía eventual para presionar a YPF sin necesidad de recurrir a su nacionalización (versión que circuló con cierta fuerza semanas atrás y luego perdió tenor). Si el plan de negocios de la empresa no se puede adaptar a los requerimientos de las provincias las concesiones otorgadas serán quitadas. Incluso, hay quienes creen que el Gobierno abriría una licitación para que esas concesiones sean otorgadas a firmas extranjeras. Son rumores entre los empresarios. ¿Algo así como hizo Juan Perón con la California Oil en 1954?
“Puede ser”, responden desde una de las empresas hidrocarburíferas extranjeras más importantes
que opera en el país.
Jorge Lapeña, un ex secretario de Energía que ahora dirige el Instituto Argentino de Energía General Mosconi, coincide con el diagnóstico técnico del documento de la OFEPHI. “Reafirma
la situación preocupante que venimos denunciando desde 2004”. Durante el período 2003-2010 cayeron las reservas de petróleo 6% y las de gas 41%, mientras que la producción de petróleo disminuyó 18% y la de gas 7%. Sin embargo, Lapeña advierte una connotación distinta en el comunicado que fue refrendado por los gobernadores y autoridades de la conducción económica (el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, el de Planificación, Julio De Vido, y los secretarios de Energía, Daniel Cameron, y de Política Económica, Axel Kicilliof). “El poner la responsabilidad de la crisis energética exclusivamente en cabeza de las empresas petroleras concesionarias de áreas de explotación o permisos de exploración es desligarse de un problema que el Gobierno ha contribuido a generar, y no ha sido capaz de corregir, por falta de una adecuada planificación estratégica sectorial, por una ineficiente realización en los controles, por la discrecionalidad en el accionar y falta de transparencia en la gestión”, opina Lapeña. “El control de muchas de las anomalías expresadas en el documento de OFEPHI ha estado siempre dentro de la órbita de las responsabilidades gubernamentales, por lo cual no se observan imposibilidades para su
cumplimiento efectivo”.
YPF, al servicio de la macro
La política de energía barata fue uno de los pilares que permitió la recuperación económica de la crisis de 2001. El congelamiento de las tarifas impuesto en el primer trimestre de 2002 fue un gesto a la demanda herida por la devaluación y la pesificación. El gobierno de Eduardo Duahlde entendió que los precios se recuperarían a medida que el bolsillo de los consumidores mejorara y las empresas cobraran tarifas más caras para equiparar los costos en dólares. La política energética se puso al servicio del diagnóstico macroeconómico del Gobierno. Hoy sucede algo similar pero en un contexto de mucha más holgura. Sin embargo el Gobierno no lo interpreta tan así. La Secretaria de Comercio cree que el déficit comercial energético es una amenaza para uno de los pilares macroeconómicos: el superávit comercial. Y aún cuando los pronósticos señalan que el saldo comercial rondará los U$S 10.000 millones, el diagnóstico oficial es incluso compartido por los críticos históricos de la política energética kirchnerista.
“Nos hemos convertido en importadores netos de gas natural, fuel-oil y gas-oil, con demandas y tendencias crecientes, que obligan a un esfuerzo fiscal sin precedentes e insostenible frente a un cúmulo de necesidades sociales aún insatisfechas”, dice Lapeña. Moreno, en más de una reunión con representantes del sector de hidrocarburos, se lo ha escuchado criticar a De Vido por el aumento de las importaciones de combustibles en los últimos años. Y la Presidenta Cristina
Kirchner dijo el mes pasado que el incremento fue consecuencia de la insuficiente producción
local. En ese sentido la reacción última del Gobierno se basó en dos ejes: el delineamiento de una política general y de una acción particular sobre una empresa, YPF.
En el primer caso, a través del informe de la OFEPHI, el oficialismo espera que las empresas se comprometan a invertir y a producir más. “En las provincias hay una mayor necesidad de caja y es lo que nos hacen saber a nosotros”, cuenta alguien de una de las empresas que mejor sintonía tienen con el Ministerio de De Vido. En el segundo caso, el Gobierno trabó importaciones de gasoil de YPF. Y por este motivo el valor de la acción de la empresa cayó todavía más. Desde que trascendió el plan de nacionalizar la firma el valor de mercado cayó U$S 3.200 millones. El precio de la acción de YPF pasó de valer u$s 39,88 cada una a u$s 31,77 en Wall Street. Esto implica una caída del 20,33%.
Con la ley de Onganía
La reacción oficial sigue estando por fuera del establecimiento de una política energética o una ley
de Hidrocarburos (la actual data del gobierno de Onganía). El kirchnerismo sigue haciendo política energética a partir de las necesidades macroeconomíacas. El problema energético de la Argentina se centra, básicamente, alrededor del gas. Su utilización representa más de la mitad del consumo total energético. Mientras que en Brasil el gas representa apenas el 9% del consumo energético, en Estados Unidos es el 22% y en Europa el 25%. Es cierto que Rusia depende más del gas que la Argentina pero hay una diferencia crucial: Rusia tiene reservas gasíferas equivalentes a 70 años de consumo, mientras las argentinas caen año a año (ver gráfico) y hoy representan menos de 8 años de producción.
El gas es muy importante en la Argentina. Ningún país del mundo tiene más de 1,7 millones de
vehículos que utilizan GNC, la generación eléctrica de origen térmica depende principalmente del
gas y toda la industria petroquímica utiliza el gas como insumo. Además, las familias y las empresas utilizan principalmente el gas como fuente combustible y de calor.
(De la edición impresa)
