(Columna de Iván Baumann Fonay, economista)
Días atrás, 25 de los 27 países de la Unión Europea formalizaron el acuerdo alcanzado en diciembre pasado para lograr una mayor consolidación fiscal. El tratado incluye una “regla de
oro”, que limita el tamaño del déficit fiscal al 0,5% del PIB. Deberá incluirse en las constituciones de los 17 miembros de la eurozona y de ocho países que voluntariamente se han unido. El pacto fue rechazado por Gran Bretaña en diciembre pasado y ahora también por la República Checa. Esto fue lo que imposibilitó que se reformara el Tratado de la Unión para reforzar allí la disciplina fiscal, dado que para ello se necesita unanimidad. Asimismo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) estaría listo en julio, un año antes de lo previsto. No obstante, no se llegó a un acuerdo para incrementarlo de los 500.000 millones de euros acordados previamente a 750.000 millones de euros.
El tratado fiscal ataca parcialmente uno de los problemas de fondo de la eurozona, pero poco
hace para solucionar el más urgente: Grecia. En primer lugar, el país debe resolver la quita que recibirán los acreedores privados (llamada, con eufemismo, participación y que podría alcanzar el 70%), para así poder hacer más sostenible su deuda pública (aunque ciertamente no lo suficiente). Si el acuerdo no llega antes del 20 de marzo, podría incumplirse un pago de deuda y así entrar en default. La semana pasada, incluso, se había filtrado un documento alemán que proponía un comisario europeo para controlar el gasto griego. Sostenía que el país debía darle prioridad al servicio de su deuda pública y comprometerse a ceder su soberanía presupuestaria al nivel europeo. La propuesta fue rechazada no sólo en Grecia sino también en otros países de Europa, y tras semejante malestar finalmente Alemania tuvo que restarle relevancia públicamente al trascendido.
En segundo lugar, su economía lleva ya más de tres años de contracción. El año pasado la actividad habría caído al menos 5% y su desempleo está por alcanzar el 20%. Además, se le exige un mayor ajuste para consolidar sus cuentas fiscales, lo cual hace que Grecia permanezca en un círculo vicioso, ya que la austeridad en tiempos de caída de demanda agregada y bajo tipo de cambio fijo sólo ha hecho más difícil la recuperación. Parte de la dificultad que está teniendo
Grecia en salir a flote se debe, justamente, a la incertidumbre que provoca la indefinición en su situación con los acreedores privados. Esta falta de resolución detiene las decisiones de inversión y consumo de durables. Por no mencionar que la probabilidad de que el país abandone el euro alimenta la fuga de capitales y desagota los depósitos privados, castigando así también al sistema financiero local. Por ello, un acuerdo rápido con el sector privado es fundamental para despejar
el camino a la recuperación.
Hasta que Grecia no resuelva la quita con los acreedores privados no recibirá el nuevo tramo del
rescate europeo. Pero hasta que el país no se comprometa a ejecutar las reformas económicas y un mayor ajuste, la negociación con los acreedores no avanzará, ante el temor de los privados de que se recurra a una nueva quita en el futuro. En principio, el anuncio del acuerdo se daría el lunes próximo, según fuentes ligadas a la negociación.
Las diferencias se acrecientan
Si la situación europea dejó de ser tapa de diarios durante algunas semanas no fue debido a este
acuerdo (al cual se había llegado en diciembre), sino a los préstamos de largo plazo (tres años) al
sistema financiero desde el Banco Central Europeo, los cuales se anunciaron al mismo tiempo en
diciembre pasado. Estos fondos no sólo les otorgaron mayor liquidez a las entidades, sino que
indirectamente apaciguaron los rendimientos de algunas economías en problemas (en particular
España e Italia), ya que parte de ellos se dirigieron a adquirir deuda de esos países aprovechando
el bajo costo del financiamiento. Esto se dio a pesar de que en enero Standard & Poor's había rebajado la calificación de buena parte de la deuda europea, entre ellas las italiana, española, francesa y portuguesa, la última situada en “basura”. Sin embargo, el efecto no fue el mismo en todos los casos. En Italia y España, los rendimientos han caído sostenidamente desde que comenzaron estas operaciones. Para España, incluso, la tasa a diez años ya se encuentra por debajo del 5%. Esto refuerza la tesis de que el problema de estas dos grandes economías europeas era más un tema de liquidez que de solvencia.
En el caso de Portugal, en cambio, las diferencias con el resto de la zona parecieron acentuarse.
Sucede que Portugal está siendo arrastrado a una situación similar a la griega. Luego de la rebaja de su calificación de deuda el mes pasado, la tasa de su bono a diez años llegó al 17% el lunes. Todavía no se encuentra en el mismo escenario que Grecia, pero podría estar yendo por el mismo
camino. La suba en los rendimientos lusitanos es entendible. Si se tolerara una cesación de pagos en un Estado dentro de la eurozona, disminuirían los incentivos para que otros miembros (como Portugal) continúen implementando políticas de ajuste que sólo los hunden más en la recesión. Por lo pronto, el país ha anunciado que intensificará las reformas económicas estructurales para así poder regresar a los mercados de largo plazo el año que viene. Además, los rendimientos comenzaron a ceder a partir del martes, y el miércoles logró colocar deuda a tres meses a una tasa más baja que en su subasta anterior.
Si el lunes finalmente se anuncia un arreglo entre Grecia y sus acreedores privados, se liberará
la ayuda europea y eventualmente hasta una mayor intervención del Banco Central Europeo.
Si se pospone hasta marzo, entonces la actividad económica tardará en recuperarse. Y si incluso
allí no se llega a un entendimiento, existirá una probabilidad alta de una cesación de pagos
y salida del euro. Lo cierto es que las negociaciones ya llevan meses, y cada día que pasa posterga
más la recuperación económica, no sólo para Grecia, sino probablemente para toda Europa.
(De la edición impresa)
