El tratamiento del Presupuesto en el Senado debería ser un momento clave de la discusión pública, pero en la Argentina pasa sin pena ni gloria. Una oportunidad desperdiciada para discutir hacia dónde queremos ir como país. El Estado asigna cerca del 40% de lo que producimos los argentinos cada año. Con estos fondos se financian las escuelas y hospitales públicos, el Ejército, la Policía, las obras públicas y demás bienes y servicios estatales. ¿Por qué no le prestamos más atención?
Primero porque es un tema complejo y técnico, que requiere de una inversión importante de tiempo para entender a fondo. Segundo, porque la práctica del Gobierno ha sido subestimar la recaudación y después asignar los fondos no presupuestados a través de un decreto de necesidad y urgencia. Tercero, porque el Presupuesto en gran medida refleja decisiones tomadas en otro momento. Por ejemplo, las jubilaciones aparecen como gasto en el Presupuesto y la recaudación del IVA se estima en el mismo, pero la Ley de Presupuesto no define ni el monto de las jubilaciones ni la tasa del IVA.
Pero, ¿cómo se decide en qué gastar? Vista la magnitud de los fondos en cuestión, esta pregunta nos debería interesar, y mucho. La Constitución Nacional dice que el Congreso tiene entre sus atribuciones “fijar anualmente [?] el Presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión” (Artículo 75, inciso 8). O sea, el Congreso debe aprobar y controlar el Presupuesto. Por su parte, el Ejecutivo debe presentar el plan de gobierno y ejecutar el Presupuesto. La lógica detrás de esta división de poderes y responsabilidades viene dada por el carácter representativo del Congreso, donde las distintas provincias, los partidos políticos y diversos sectores de la sociedad tienen voz y voto para presentar sus posturas y defender sus intereses.
Una vez aprobada la asignación de fondos, el Ejecutivo debe implementar esta asignación de la mejor manera posible. En la práctica, como ya mencionamos, hace varios años que el Congreso viene delegando en el Ejecutivo a través de distintos mecanismos la decisión sobre la asignación de recursos públicos. La modificación de la Ley de Administración Financiera que permite al jefe de Gabinete reasignar fondos ?los llamados “superpoderes”? no hace más que plasmar en la ley lo
que venía sucediendo de facto: el Ejecutivo en la práctica viene decidiendo una parte importante de la asignación presupuestaria.
En parte esto sucede porque el Congreso carece de capacidades técnicas institucionalizadas para analizar y controlar el Presupuesto. Para remediar esta situación, varios diputados han presentado en la última década proyectos de ley para crear una Oficina de Presupuesto del Congreso. Esta oficina dotaría al Congreso de las capacidades institucionales para analizar el plan de gobierno y evaluar eficazmente la ejecución presupuestaria, mejorando la calidad de la división de poderes y del debate público. Frente a la situación de creciente poder del Ejecutivo en el proceso presupuestario descripto anteriormente, resulta fundamental avanzar en el consenso entre los proyectos existentes y en la creación de esa oficina.
Que no haya sucedido hasta ahora refleja la complejidad política que implica ejercer el control sobre la asignación de fondos públicos, que surgen de los impuestos que pagamos todos los argentinos.
(De la edición impresa)
