(Por Miguel Braun, economista y director ejecutivo de Fundación Pensar)
La semana pasada volvió a discutirse el proyecto de coparticipación de las ganancias empresarias a los trabajadores presentado por el diputado Héctor Recalde (FpV). En pocas palabras, creo que el proyecto aumenta el poder sindical, la burocracia estatal y las oportunidades de corrupción. A su vez, eso genera inseguridad jurídica, obstaculizando las inversiones y por tanto el desarrollo del país, el aumento de productividad y el incremento genuino de los ingresos de los trabajadores. La Argentina enfrenta una oportunidad histórica para hacer realidad su desarrollo sostenible. Más allá de la incertidumbre económica actual, el crecimiento de China y la India parece ser una tendencia firme.
Esto hará que la clase media aumente siete veces en los próximos 20 años. Al salir de la pobreza e integrarse al mercado global, estas personas comen más y mejor, descubren el ocio y el consumo suntuario. Por consiguiente aumentará sistemáticamente la demanda de lo que sabemos hacer los argentinos: agroindustria, turismo, industrias creativas y servicios transables. El salario de los argentinos se puede duplicar en 10 años, y cuadruplicar en 20 si crecemos al 7% anual. Así, en una década tendríamos ingresos similares a los de España hoy, y en dos décadas seríamos un país rico.
Esta utopía, posible con buenas políticas públicas, se ve amenazada por una dirigencia anclada en sus prebendas del pasado. Un ejemplo de este tipo de políticas es el proyecto del diputado Recalde que propone que el 10% de las ganancias de las empresas sea repartido entre los trabajadores. Más allá del noble objetivo de hacer partícipes de las ganancias empresarias a los trabajadores, el proyecto sólo sirve para alimentar la corrupción, consolidando el poder y los privilegios de la cúpula sindical. Efectivamente, al facultar a los gremios a controlar la información contable de las empresas para asegurar el cumplimiento de la ley, el artículo 18 pone al lobo a cuidar las ovejas y multiplica las oportunidades de corrupción de los líderes sindicales, que podrían negociar con las empresas un anuncio de ganancias menor al real a cambio de pagos por izquierda. Además, el artículo 6 propone la creación del Consejo Nacional de Participación Laboral en las Ganancias. Esta nueva estructura burocrática estatal, que desde luego podrá contratar múltiples “asesores técnicos”, sería la encargada de fijar excepciones a la ley, abriendo una nueva ventanilla para la corrupción.
Impacto limitado
Los posibles beneficios de la medida, por otro lado, serían moderados. Primero hay que decir que tendría un impacto muy limitado en el mercado de trabajo porque 65% de los trabajadores del sector privado están ocupado en empresas pequeñas que de jure o de facto no participarán del sistema. De la misma manera, los trabajadores informales tampoco participarían. Visto de otra manera, como sólo 20% de quienes trabajan en empresas medianas y grandes son pobres, menos de 1 de cada 10 personas pobres en edad de trabajar se beneficiaría por participar en las ganancias de la empresa. Además, el beneficio sería muy moderado y en el mediano y largo plazos se diluiría a través de ajustes a la baja en otros componentes de la retribución.
En definitiva, el proyecto presenta pocos beneficios distributivos y, a cambio, aumenta el poder sindical, la burocracia estatal y las oportunidades de corrupción. Este no es el camino para aumentar la inversión y el desarrollo; para aprovechar la oportunidad histórica, la Argentina necesita una nueva dirigencia honesta y transparente, que entienda el mundo y piense el país a largo plazo, en lugar de anclarse en los privilegios del pasado que enriquecen a pocos a costa de los trabajadores.
(De la edición impresa)
